Autor: María Errázuriz

Termina el año con un sabor amargo para Chile por varios motivos, siendo el más relevante, el inicio de un nuevo proceso constituyente con las incertidumbres que trae y sus consecuencias para el progreso.

Efectivamente, antes de poder terminar de saborear la victoria del 4 de septiembre, ocho supuestos representantes del sentir mayoritario de la ciudadanía (nadie sabe quién ni cuando les dieron ese mandato) firmaron entre cuatro paredes después de noventa y nueve días de negociación (sic) un acuerdo para iniciar un nuevo proceso constituyente, que curiosamente no tiene plebiscito de entrada – a diferencia del anterior – obligándonos por ende a él.

Amargo también termina el año para la gran mayoría de los chilenos gracias a una inflación desatada, aumento de la cesantía,  a la delincuencia y violencia sin control, a las pensiones de gracia otorgadas por el Gobierno para los octubristas que incendiaron, saquearon y destruyeron Chile – $516.672 pesos mensuales de por vida – premiando la destrucción de los espacios públicos y así podría seguir enumerando diversos motivos para estar amargados y tristes.

Sin embargo, la noticia más impactante a mi juicio y que hiere el alma de cualquier ciudadano bien nacido, la constituye aquella relacionada con la Escuela de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, a raíz que se viralizaron en redes sociales dos tesis publicadas en el repositorio de la Casa de Bello.

El primero de los trabajos fue realizado en el año 2016 por un estudiante que optaba entonces al grado de Magíster en Estudios de Género y Cultura en América Latina, titulada “Pedófilos e infantes: pliegues y repliegues del deseo”. La segunda tesis titulada “El deseo negado del pedagogo: Ser pedófilo”, en tanto, fue presentada en el año 2020 por otro alumno para optar al grado de Licenciado en Educación Media con mención en Filosofía y Profesor en Educación Media con Mención en Filosofía. Hoy ambos trabajando, uno como profesor de piano de niños y el otro haciendo clases a niños vulnerables en una comuna de Santiago.

Contrario a lo que esperábamos – un escándalo acorde a lo denunciado con sanciones ejemplarizadoras para sus autores y cómplices, entre los que se encuentra la profesora guía de ambos trabajos – el Decanato de la Facultad de Filosofía y Humanidades de dicha casa de estudios, salió al paso de las críticas tras la masiva difusión de dos tesis en Twiter– si no seguiría guardando un silencio cómplice como venía manteniendo al menos desde el año 2016 – con un escueto comunicado lamentando los “efectos negativos” de los polémicos trabajos, pero afirmando que son de “corte puramente teórico”, restándole gravedad a sus contenidos y lo que es peor aún, que sus autores trabajen con niños. 

Por su parte, la Defensoría de la Niñez manifestó que “rechazamos cualquier hecho, situación y/o publicación que inste a normalizar vulneración de derechos de niños niñas y adolescentes, cómo la pedofilia”, añadiendo en Twitter “Nos encontramos analizando aquella publicación”. 

Como bien dijo el querido fundador de esta página en su columna del 17 de julio del año 2002 – LBM #197 – denominada “Preguntas sin respuesta” y que empieza: “¿Cómo defender a quienes no se quieren defender?; ¿Cómo enfrentar a una jauría de lobos con un cortaplumas?, ¿Cómo despertar a quienes duermen al borde del abismo? ¿Y qué le parece una sociedad que está siendo destruida y no se defiende?” … concluyendo también como él, “¿Ud. sabe cuál es la respuesta a estas preguntas?” Yo no.

Lo mismo ocurre con mi querida patria, cuyos habitantes parecieran dormir al borde del abismo frente a la destrucción diaria de nuestros cimientos y valores más profundos, quedando para los que sufrimos ante este escenario , seguir gritando para ver si alguien reacciona mientras confiamos en que la Virgen del Carmen, nuestra Reina y Patrona, nunca nos abandonará.

En su reciente visita a nuestro país, el ex Presidente de Uruguay, Pepe Mujica, se reunió con su par en el Palacio de La Moneda, oportunidad en que insultó a 8 millones de chilenos (62%), por considerarnos “gente común” que no entendimos la propuesta de constitución de los iluminados que quisieron destruir a Chile y refundarlo.

A juicio de Pepe Mujica que haya ganado el rechazo constituye “un tropezón, no es una caída. Enseña que a veces cuando pretendemos mucho, la gente común no lo entiende y tenemos que ponerle la oreja al pueblo, porque eso se llama virtud. Gobernar para la mayoría”, en referencia al rechazo mayoritario a la propuesta de nueva Constitución en el plebiscito del pasado 4 de septiembre.

“No cultiven el odio, cultiven la esperanza”, añadió el expresidente, quien comenzó sus palabras a la prensa recordando que “aquí [en La Moneda] dejaron la vida algunos de mis compatriotas”.

Mas allá que constituyamos ocho millones de “gente común “, le aclaro al Sr. Mujica que entendimos claramente que el proyecto que nos proponían era el desmantelamiento de la nación democrática y republicana en la que se forja nuestra historia común. Fuimos precisamente la gente común como nos llama despectivamente, quienes salimos a rechazar un proyecto «indigenista y socialista» que buscaba desmembrar a Chile dividiéndolo en once naciones autónomas (art. 5) con la creación de once sistemas de justicia paralelos – (en su delirio, la izquierda llegó a la conclusión de que cada pueblo originario debía tener su código civil, uno penal y otro procesal), de modo que los conflictos entre chilenos e indígenas tendrían un tratamiento distinto de aquellos protagonizados solo por chilenos o solo por indígenas – idea que no convenció ni a los mapuche ni a las zonas populares ni rurales, donde ganó la cordura y la defensa a nuestras tradiciones e identidad.

La misma aclaración va para el Gobierno y los políticos que transversalmente pretenden imponernos un nuevo proceso constituyente bajo la premisa de que Chile pide y necesita un texto nuevo (sic) y en su desesperación para tratar de convencernos de las bondades que significara para el país, traen al Sr. Mujica, quién insulta descaradamente a los que no pensamos como él. 

El domingo 27 de noviembre de 2022, la portada del diario El Mercurio confirmó algo que muchos sabíamos, pero que no había sido objeto de interés en ningún medio de comunicación de la importancia de este, al menos que recuerde en este momento, una noticia titulada “Casi un millón de personas viven en lugares en que el Estado no tiene el control” – para otros somos muchos más los que nos encontramos en el desamparo, hablando incluso de cuatro millones – y que desarrolla a continuación en el cuerpo D8.

De acuerdo con El Mercurio, en Chile tenemos cuatro territorios “Sin ley ni Dios” identificados claramente según mapas que exhibe, ubicados en las regiones de Arica y Tarapacá – norte del país – sectores de la Región Metropolitana y la provincia de Arauco, donde se encuentra tristemente la localidad de Temucuicui.

Para los que no saben, Temucuicui es una comunidad violenta, ubicada en Ercilla, que ha sido noticia desde hace tiempo por estar vinculada a robos de ganado, de vehículos y de madera; continuos bloqueos y cortes de caminos impidiendo circular; homicidio frustrado contra un equipo de TVN y ataque a una ministra del actual Gobierno y sus asesores; agresiones a voluntarios del Censo 2017; acusaciones de quemar iglesias; plantaciones y venta de drogas, imposibilidad de ingresar la policía cuando se trata de cumplir alguna orden judicial y el crimen de un miembro de la Policía de Investigaciones de Chile durante un operativo antidrogas en enero del año 2021. Y así la lista de delitos podría seguir.

No obstante el grueso currículum de sus habitantes, el lugar donde se encuentran ubicados, si bien nació de un título de merced de 250 hectáreas; hoy tienen alrededor de 3.500, considerando las más de 3.000 que han recibido del Gobierno de turno desde el año 1998, luego de sucesivas tomas y ataques a sus antiguos vecinos (agricultores y forestales, gente honrada y trabajadora que no tuvieron protección del Estado obviamente), posteriormente adquirida por compras que fueron pagadas con dinero de todos los chilenos, sumando millones de pesos entregados para que terroristas – porque eso son sus habitantes – tuvieran un territorio propio y paralelo al Estado de Chile. 

Nada de los hechos relatados resumidamente en los párrafos anteriores, preocupaba a la gran mayoría del país considerándolo un problemas de los habitantes de la Araucanía y que no les afectaba en nada su cómoda vida en Santiago y alrededores, o sus vacaciones en algún lago del sur, ojalá lo más lejos posible de Temucuicui permitiendo que, creciera y se fortaleciera hasta lo que es hoy.

Sin embargo, esa indolencia y apatía frente a lo que ocurría en la Araucanía resulto cara y hoy vemos que existen “otros lugares conflictivos” incluida la capital donde las llamadas “Zonas Críticas” se encuentran sin protección del Estado, independiente que en el sur el flagelo obedezca al terrorismo y en los otros delincuencia pura y simple, mezclada en ambos casos con narcotráfico como una forma de financiarse.

Lamentablemente la noticia no tuvo las repercusiones esperables en la opinión pública, al menos para mí, y menos en las autoridades, que acaban de nombrar Directora de la CONAF de La Araucanía a doña María Teresa Huentequeo, quién tiene en común tres hijos con el dirigente mapuche y encargado del área de  Asuntos Internacionales del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán Paillama, el cual busca establecer un autogobierno del pueblo mapuche dentro del territorio nacional, pero manteniendo sospechosamente un perfil bajo, no así sus hijos , uno de los cuales integraba una peligrosa banda de narcos, acusados de tráfico de estupefacientes, armas y municiones. Otro hijo de Huilcamán fue acusado años atrás estuvo involucrado en delitos contra Carabineros de Labranza en Temuco.

A través de una carta publicada por el diario El Mercurio el pasado 28 de octubre, denominada “Un predio quemado y tomado”, don Juan Sebastián Gana, propietario de tierras ubicadas en la Araucanía (Chile) relata el abuso cometido y que sigue cometiendo el Estado y su lucha de años ya no para que le devuelvan su propiedad, sino que para que no le cobren el impuesto territorial anual al cual están obligados sus dueños.

Al día siguiente, el mismo diario le dedicó media pagina en el cuerpo C, señalando que se trata de 16 propietarios que en total suman 850 has., en la misma situación, que el 29 de mayo del año 2012 sufrieron un ataque incendiario de sus casas, galpones, bosques y posterior toma, por parte de una “comunidad radicalizada” – como llama la nota a los usurpadores que ingresaron abruptamente, encapuchados y apuntándolos con armas de fuego – impidiendo no solo desarrollar la actividad agrícola y forestal de muchos años, sino que volver a entrar en lo que les pertenecen “hasta hoy” según lo que indican los registros en el Conservador de Bienes Raíces, ya que convengamos que no le han sido expropiadas ni menos les han sido compradas, conforme a las reglas de un estado de derecho bien nacido. 

Sin embargo, los hechos no llegan hasta ahí. Efectivamente y continuando con el relato del afectado por si y por sus vecinos en la usurpación y posterior negación de justicia,  a raíz de la toma violenta de sus tierras y al no poder desarrollar ninguna actividad lucrativa, solicitaron la exención del pago de impuesto territorial mientras se encontraran en tal situación, obteniendo recién de después de 10 años, que el organismo estatal encargado de su cobro se dignara darles una respuesta, rechazando la petición por “no existir antecedentes suficientes” para acoger la petición (sic). Tómese nota que, entre los antecedentes presentados, se encuentra la carpeta investigativa llevada por la Fiscalía por los delitos de incendio y usurpación.

El problema que evidencia los hechos relatados no es sólo económico, sino que, de un grave incumplimiento de las obligaciones del Estado en la protección del bien común y una violación a numerosos derechos constitucionales de esos ciudadanos, como lo son el derecho a la propiedad y sus atributos, la proporcionalidad de los tributos y su igualdad, la equidad o justicia tributaria, entre otros.

No olvidemos que el bien común comprende el libre desenvolvimiento humano, que estimula la responsabilidad y las iniciativas personales, el cual incluye al Estado, como gerente y guardián, que no destruye la propiedad privada, sino que la defiende; no debilita el dominio particular, sino que lo robustece. Todo lo contrario de lo que ocurre en nuestro país.

Mientras leía la nota pensaba cuantos ciudadanos se encontrarán en la misma situación y que no exponen públicamente a través de los medios de comunicación o redes sociales, la tragedia que viven y el desamparo en que se encuentran de parte del Estado, por temor no solo a las represalias de los gobernantes que obviamente ya no son sus aliados ni los protegen, sino que de los ocupantes ilegales de sus tierras que gozan de total impunidad.