Agitadores de extrema izquierda han organizado la ocupación de colegios secundarios en la Ciudad de Buenos Aires. Esto se suma a los habituales piquetes que cortan la circulación continuamente en toda la geografía nacional. Como ya estamos acostumbrados las autoridades muestran una pasividad cómplice. El Gobierno de la Ciudad dice que impondrá multas a los padres de los ocupas pero me permito dudar tanto de la efectividad como de la efectiva implementación de la medida.
El argumento es que no hay que “criminalizar la protesta social”. Que el daño comparativo entre las víctimas de estos actos (los estudiantes que no pueden estudiar o los circulantes que no pueden circular) es menor que el que produce “el sistema” a las personas “en situación marginal” ya que los primeros vienen de una situación de privilegio otorgada por dicho “sistema” mientras que los segundos sufren de los efectos negativos del mismo. Además, se dice que estas personas “no tienen voz” y que esa es la única manera de expresarse y llamar la atención a sus problemas lo que seria el principio de una solución.
El primer argumento (el del daño comparado) se basa en un análisis marxista en el que los miembros de una clase tienen derechos o los carecen por el solo hecho de pertenecer. Por supuesto que no esta apoyado en ningún dato empírico ya que “el sistema” en el que vivimos es el que esta controlado por esas “organizaciones sociales”. Y si hay datos concretos de que estas protestas causaron daño irreparables, como por ejemplo este caso en el Chaco que provocó la muerte de un paciente cuando la ambulancia no pudo cruzar un piquete.
El segundo argumento es patentemente falso, ya que la inmensa mayoría de los medios de comunicación, cultura, educación y empresarial prestan gustosamente sus voces para difundir cualquier mensaje de izquierda en apoyo de las causas “aprobadas”. Si alguien se puede quejar de la falta de voz, son precisamente los pacientes motoristas y los estudiantes aplicados cuyos derechos no son protegidos por nadie y cuyas quejas caen en saco roto sistemáticamente.
Pero no me extiendo mas sobre este tema que ya ha sido tratado abundantemente en varios ámbitos.
Ya que no hemos conseguido que la lógica y el sentido común prevalezcan, consideremos otra opción: hay que codificar el derecho a ocupar edificios públicos, privados y privar al publico de su derecho constitucional de circular libremente por el territorio.
Yo quisiera tener claro cuales son las circunstancias que lo justifican. Si es que mi “tribu” sufre daños por parte de la “sociedad” creo que la destrucción sistemática de riqueza, la expoliación de empresas productivas, la carga regulatoria e impositiva apabullante, la pobreza de los servicios públicos pudieran fácilmente constituir una base adecuada para habilitar a cualquier ciudadano a llevar a cabo su propio emprendimiento piquetero. Si la falta de “voz” fuera otro requerimiento para la impunidad, los que apoyan la familia, el derecho a trabajar, la vida, aman a la Patria, quieren vivir en libertad, se “autoperciben” Católicos de los de siempre, tienen una plétora de evidencia sobre la cual apoyarse para mostrar cuan silenciadas son sus posiciones.
Una vez codificado, tengo una larga lista de lugares para ocupar y vías de circulación para cortar. En estos casos tendríamos la ventaja que el cese de las funciones de los blancos de estas acciones, en ese momento enteramente sancionadas por la ley, efectivamente ayudarían a solucionar los problemas. Se me viene a la cabeza: la DGI, el INADI, la sede del sindicato de maestros, Puerto K… ejem… Puerto Madero. Estoy seguro que entre todos podremos pensar algunos mas.
