Autor: Otros Autores

  • La deuda externa y una fallida investigación (II)

    por Alejandro Olmos Gaona

    Se puede leer este trabajo completo acá.

    LA JUDICIALIZACIÓN DE LAS DECISIONES POLÍTICAS

    Una de las cuestiones más discutidas  respecto a los aspectos legales y constitucionales de las operaciones que permitieron la constitución de la deuda exterior de la Nación, ha sido que la misma no puede ser materia de ningún cuestionamiento judicial, debido a que se trata de decisiones políticas del Poder Ejecutivo, y que además las posibles ilegalidades y la posible y eventual comisión de delitos de acción pública no serían susceptibles de ser investigados, debido a que se trata de decisiones políticas reservadas a las esfera de la administración del Estado (4). Este extendido criterio que sostiene la dirigencia política, algunos politólogos o analistas, una variada gama de comunicadores y aún algunos cultores del derecho judicial, utiliza como fundamento  que los actos del Poder Ejecutivo en determinadas materias no pueden ser objeto de revisión por el Poder Judicial. Se entiende en forma errónea que tales actos no pueden ser materia de control alguno, debido a que son el producto de facultades privativas y propias del poder que las ejerce.

    Desde muy antiguo se ha alegado que admitir el control judicial de los actos emanados del poder político significaría una clara violación de la división de los poderes, al permitir la ingerencia de uno de ellos en el ámbito en el que se desenvuelve el otro poder; y en un sistema marcadamente presidencialista como el argentino, ello significaría una inadmisible intromisión, que de realizarse alteraría sustancialmente un esquema constitucional que ha señalado competencias específicas en las que debe desenvolverse cada uno de esos poderes. Ésta cuestión del control judicial de los actos ejercidos por el poder administrador constituye un tema clásico de la teoría del Derecho que ha sido largamente discutido atreviéndose algunos tratadistas a plantear Algunos se han atrevido a plantear que: “Verdaderamente, ¿de qué trata el Derecho Administrativo si no es del control de la discrecionalidad?” (5) pudiéndose registrar una larga lista de trabajos que se han  enfocado a analizar con minuciosidad todas las cuestiones atinentes a un tema fundamental, que se ha soslayado, continuándose con insistir por parte de integrantes del Poder Legislativo mayoritariamente, en conceptos ya abandonados desde hace muchos años y que parten de la concepción soberana del poder que tenían los regímenes absolutistas, donde las decisiones no admitían control jurisdiccional alguno. Esto se pudo observar particularmente, en las expresiones condenatorias de una importante cantidad de legisladores respecto al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró la inconstitucionalidad  de los arts. 2, 4, 18 y 30 de la Ley 26.855 que estableció una nueva regulación del Consejo de la Magistratura y del Decreto 577/13 (6). Se llegó a sostener el absurdo que el Poder Judicial no podía cuestionar lo decidido por los representantes del pueblo.  

    Tales planteos comunes en la consideración de la dirigencia política, si bien han quedado desestimados por el Derecho Administrativo, todavía persisten, con la suficiente entidad, para que en la magistratura federal, no se haya procedido de acuerdo  al derecho que tienen los ciudadanos de recurrir a la justicia ante decisiones del Poder Ejecutivos que puedan afectarlos, ya que una genuina concepción de lo que es la organización del Estado determina que los ciudadanos no sean súbditos sino mandantes del Poder Administrador y en consecuencia este sea un servidor y no  como lo planteaba la concepción monárquica.

    Aunque no es mi intención extenderme  en largas consideraciones sobre el particular –aunque el tema lo amerita, dada la concepción que todavía pareciera sigue vigente en la Argentina- me  pareció oportuna  la opinión de  Woehrling quien sostiene que “Desde hace aproximadamente 20 años se constata un profundo movimiento de reforma en los sistemas de control jurisdiccional de la Administración en prácticamente todos los países europeos. Se puede afirmar que este movimiento se ha acentuado aún en el período último” y cita los regímenes contencioso-administrativos de Suecia y Holanda, la constitucionalización de de la jurisdicción contencioso-administrativa en Grecia, Portugal, España, Alemania e Italia, agregando que “estas disposiciones constitucionales, constituyen un verdadero mandato constitucional dado a los Tribunales encargados del contencioso-administrativo y refuerzan la legitimidad de sus intervenciones. Este cuadro constitucional juega, pues un papel directo en la extensión y la intensificación del control jurisdiccional de la administración” (7). Esa corriente de control de la legalidad de los actos de gobierno, es unánime en la mayor parte de los países europeos, y se funda en los principios fundamentales que deben regir en una democracia. . No se trata pues de la invasión de un poder sobre el otro como lo sostienen algunos vulgares apologistas de las decisiones del Poder Ejecutivo, sino simplemente de ese inexcusable control de establecer la legalidad de esos actos.

    Resulta por demás evidente, que ante una violación a las normas constitucionales que afecten los derechos de cualquier ciudadano, éste no tiene otra alternativa que recurrir a la justicia con el objeto de que se restablezcan sus derechos conculcados. Eso no significa intromisión o injerencia, sino el correcto funcionamiento del orden establecido por la propia Constitución. En nuestra doctrina, Bidart Campos ha sido el más enfático en sostener que “El aspecto primordial de las cuestiones políticas radica entonces, en que la exención de control judicial involucra exención del control de constitucionalidad… En primer lugar estamos ciertos que la detracción del control viola el derecho a la jurisdicción de los justiciables. No poder conseguir por declinación del Tribunal el juzgamiento de una cuestión rotulada como política, es tanto como decir que los ciudadanos carecen del derecho a la jurisdicción, o sea de derecho a acudir a un órgano judicial para que se resuelva una pretensión…. Cuando el Estado no puede ser llevado a los tribunales estamos además fácticamente ante el hecho de la irresponsabilidad. Es elemental que si el Estado no puede ser juzgado, el Estado no responde por ese acto que conserva todos sus efectos, aunque sea infractorio de la Constitución…La sumisión completa del estado al orden jurídico reclama que el gobernante esté sujeto no solo a la vis directiva de la ley, sino a la vis coactiva y compulsiva… Hay un argumento muy sólido que resulta favorable a la judiciabilidad. Al organizar la administración de justicia, la Constitución argentina confiere a la Corte y a los demás tribunales inferiores en su artículo 100 la competencia de decidir “todas” las causas que versan sobre puntos regidos por la Constitución. Cuando se dice “todas” las causas es imposible interpretar que haya “algunas” causas que escapen al juzgamiento. Dividir las causas en judiciables y políticas (no judiciables) es fabricar una categoría de causas en contra de lo que impone la misma Constitución” (8).

    Resulta indudable que la concepción de la no judicialidad, no responde de ninguna forma al orden jurídico, sino a la invariable pretensión del Poder Ejecutivo, sustentada durante décadas, de no aceptar control judicial alguno, lo que puede resultar correcto cuando las decisiones adoptadas estén conforme al orden público, no causen perjuicio a los ciudadanos y no alteren el orden constitucional. Pero cuando esas decisiones, se traducen en una afectación de las garantías constitucionales, cuando el Poder Ejecutivo impone normas que contravienen la ley, no puede desconocerse la facultad que tiene el Poder Judicial para revisarlas y dejarlas sin efecto, ya que esa es una de las misiones que le ha conferido la Ley Fundamental. Suponer lo contrario, significaría otorgar facultades omnímodas al Poder Administrador, no sujetas a control alguno, lo que por supuesto no tiene nada que ver con el ordenamiento republicano y democrático, y como afirmaría Kelsen “El destino de la democracia moderna depende en una gran medida de una organización  sistemática de todas las instituciones de control. La democracia sin control no puede durar. Si excluye esta autolimitación que representa el principio de legalidad la democracia se disolverá a si misma” (9).

    Tales conceptos son esenciales para definir algo que la dirigencia política se  encargó de enmarañar, y es el real concepto de servicio que debe tener el poder administrador, que no resulta una entidad con poderes ilimitados a  cuyas decisiones deben someterse los ciudadanos que son sujetos tributarios de esa administración. Muy por el contrario, el Poder Ejecutivo gobierna y ejecuta los actos que el Poder Legislativo ha sancionado como representante del pueblo. También está facultado para reglamentar las leyes y adoptar todas aquellas medidas administrativas que hacen al buen funcionamiento del  Estado, pero ello en modo alguno significa el otorgamiento de poderes extraordinarios o facultades especiales, ya que como la propia Constitución señala en su Art. 29, tales facultades llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que las formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de infame traidores a la patria. Esa concepción de servicio parece haber sido olvidada hace décadas y es por eso que puede verse que en muchos casos el ejercicio del Poder Ejecutivo ha devenido en una suerte de poder supralegal que ejerce su voluntad a través de un riguroso control de la actividad parlamentaria. García de Enterría ha señalado con claridad algo que muchas veces la dirigencia política parece haber olvidado, para no afrontar las responsabilidades que le competen, y es el hecho de que “La Administración no es representante de la comunidad, sino una organización puesta a su servicio, lo cual es en esencia distinto. Sus actos no valen por eso como propios de la comunidad –que es lo característico de la Ley, lo que presta a esta su superioridad e irresistibilidad- sino como propios de una organización dependiente, necesitada de justificarse en cada caso en el servicio de la comunidad a la que está ordenada” (10).

    Este imperativo de servicio, supone por cierto, el control de legalidad inherente a la condición que tiene, para evitar una desnaturalización de sus derechos, mediante la instrumentación de disposiciones que los restrinjan o los eliminen. Es una forma de resistir la arbitrariedad del poder mediante la utilización de todos los recursos que la ley otorga. Como con propiedad se ha dicho “El derecho de resistencia se canaliza, pues, hacia la responsabilidad o dación de cuentas y ésta, a su vez, finalmente, hacia una acción judicial que pide que se restituya al demandante su situación arbitrariamente afectada por el agente que obra al margen o en contradicción con la Ley” (11).

    Seguramente la forma peculiar con la que se maneja la política en el país, y la discrecionalidad con la que muchas veces se desempeñan los cargos en los más altos estamentos del Estado, ha determinado  que las formalidades democráticas sustituya lo que es la democracia real, que ha veces no se ejerce como debiera. Afirmar apodícticamente que los que gobiernan representan la voluntad del pueblo y que cuentan en su favor con una legitimidad que los justifica formalmente ante los órganos de control, es rendir tributo a una mística de la representación política que nada tiene que ver con la realidad que puede observarse a diario. Pretender oponer, como alguna vez se ha intentado, a las exigencias del control, en sus varias aplicaciones (político, presupuestario, legal o jurídico, preventivo) la necesidad de un desembarazo de los gobernantes para poder actuar con eficacia, resulta en la situación actual de la democracia, a la que nos hemos referido una completa ingenuidad. La famosa eficacia, si pretendiese hacerse a costa del Derecho y como una alternativa al mismo, no es más que la fuente de la arbitrariedad, como enseña la experiencia humana ya más vieja y hoy vívidamente renovada. Es necesario, como ya observó Locke, confiar el gobierno a personas sobre las que resulta inevitable desconfiar. Elegir gobernantes, como ya sabemos, no es alienar de una vez por todas, y ni siquiera por un plazo temporal la facultad completa de decisión, sino confiar a unos determinados equipos políticos la gestión pública bajo el gobierno de la Ley, que sigue siendo la estructura de hierro ineludible del gobierno democrático, y la observancia efectiva de esta Ley no puede quedar a la sola discreción de los mandatarios del pueblo (12).

    Sin embargo  existen doctrinarios que han sostenido que el control jurídico de los actos políticos que se ejerce en un estado de derecho, implica de hecho la ruptura del principio de división de poderes (13) alimentando sus concepciones en peculiares interpretaciones de la democracia y porqué no, en las teorías de Carl Schmitt; empero tales criterios no se siguen en ningún país occidental, donde el control constitucional es un elemento fundamental de las democracias. Esto es así porque en regímenes de tal naturaleza hay una delegación temporal del poder que efectúa el pueblo en sus representantes, la que está sujeta a las limitaciones de un ejercicio que no puede ser discrecional sino acotado al mandato que le ha sido conferido. Como gráficamente lo expresara un distinguido sociólogo español “Una democracia propia de una sociedad civil (en su sentido amplio) no es aquella donde la vida pública se reduce al momento de la representación política: aquel cuando la sociedad entrega su voto, supuestamente, su capacidad de decisión sobre asuntos públicos a una clase política, que a partir de ese momento, decidiría por ella… Lo cierto es que, como se demuestra en la vida real de la mayor parte de las sociedades civilizadas, las gentes libres se resisten a entregar su capacidad política, acotan un espacio para sus propias decisiones poniendo límites al Estado y cuando delegan su poder lo hacen bajo condiciones estrictas, reservándose incluso entonces recursos y capacidades de intervención. Más aún, como ciudadanos, y no súbditos, se definen como interventores y participantes permanentes de la cosa pública, y consideran a la clase política no como sus señores, sino como sus servidores. Ello significa, por tanto, que definen a la democracia como un proceso de formación de opinión, donde todos, políticos y ciudadanos, debaten continuamente la naturaleza de los problemas políticos y sus soluciones. Cada decisión que pueda tomarse, con el procedimiento que en cada caso corresponda, es considerada como una decisión provisional, a ser reexaminada a la vista de sus consecuencias y de los cambios de las circunstancias, incluidos los cambios en los sentimientos colectivos y en cuál pueda ser, a cada momento, el estado de la conciencia civilizada en la sociedad en cuestión” (14).

    Aunque el control jurisdiccional de las potestades del poder ejecutivo es un viejo tema de la teoría del derecho, que ha sido nutrido por interesantes aportes durante diversas épocas,  hoy es casi inexistente la discusión, ya que no se admite que los actos del poder ejecutivo revistan una categoría especial o posean un bill de indemnidad que los haga poseedores de un “status” jurídico especial, que le permite estar exento del control que pueda ejercer la magistratura judicial. En nuestro medio solo los dirigentes políticos, pretenden sostener esa suerte de inmunidad. La alegación más común que se efectúa,  es que admitir ese control jurisdiccional significaría constituir una especie de supra-poder o dejar el poder real en manos de los jueces, lo que resultaría una negación del sistema de la división de poderes. Esto, es naturalmente un argumento falaz, ya que no se trata de que exista un poder  que esté por encima de los otros que componen el sistema, sino de algo mucho más simple y elemental, y es el de pretender que las decisiones del Poder Ejecutivo, se ajusten a la Constitución y a las leyes de la República.

    Existe tal acostumbramiento en nuestro régimen político a negar ese control como si se tratar de una injustificada intromisión en áreas reservadas exclusivamente al poder político, que cuando se efectúa un planteo limitativo al exceso de poder, surge inmediatamente el rechazo a aceptar lo que no es sino un mecanismo que está claramente establecido por la Constitución Nacional. Además de ello se trata de impedir que ese decisionismo del  Poder Ejecutivo lo convierta en una entidad autoritaria con capacidades no solo administrativas, sino legislativas y aún judiciales al determinar cuáles de sus actos son susceptibles de un encuadramiento jurídico y cuáles no.

    Uno de los argumentos generalmente utilizados, respecto a la no-judicialización de las cuestiones políticas, es también de que se trata de decisiones políticas, sin afectación constitucional, invocándose la doctrina norteamericana que ha establecido una cuasi separación de competencias al respecto. Sin embargo creemos que aquí también se cae en una gran equivocación, por soslayar en definitiva, la naturaleza específica de la acción y quien es el encargado de decidir la misma. Al respecto el Juez Brennan sostuvo oportunamente que “El carácter no justiciable de una cuestión política es esencialmente una función de la separación de poderes. Se origina mucha confusión en la capacidad del rótulo de la cuestión política para oscurecer la necesidad de una indagación casos por caso. Decidir si un asunto ha sido destinado  en cierta medida por la Constitución u otra rama del gobierno, o si la acción de esa rama excede la autoridad que será dispensada es en sí mismo un delicado ejercicio de interpretación constitucional, y es una responsabilidad de esta Corte como interprete definitiva de la Constitución” (15).

    En la doctrina norteamericana, que muchos utilizan equivocadamente, está muy claro el hecho de la “revisión  judicial” de aquellas cuestiones que se susciten al amparo de la  Constitución, tengan que ver con una ley del Congreso, o un Tratado. Esto tiene viejos antecedentes y va mucho más lejos que la propia Constitución; tiene que ver con el conocido dictamen del Jurista Coke, Presidente de la Corte, que determinó “que cuando una ley del Parlamento se opone al derecho común o a la razón…la ley común se impondrá y despojara de validez a dicha norma”, y el Juez William Cushing, que fuera uno de los primero juristas designados por Washington para integrar la Suprema Corte, recomendó a un jurado de Massachussets, que ignorase ciertas leyes del Parlamento por nulas e inoperantes. Hamilton plantearía después en El Federalista, Nº 78 que “La interpretación de las leyes es dominio apropiado y peculiar de los tribunales”.

    Aunque resulte una obviedad la Constitución, en cuanto norma fundamental del orden  jurídico del Estado, no puede ser alterada por leyes u otras normas que la alteren, y es por ello que solo a los jueces les corresponde interpretarla  como asi también el significado de determinada ley originada en el cuerpo legislativo, y en caso de diferencia irreconciliable entre las dos, preferir la voluntad del pueblo declarada en la Constitución a la de la legislatura expresada en la ley”. De allí han salido diversas doctrinas destinadas a establecer esa cuasi separación, pero en ningún caso se ha negado el derecho del Poder Judicial a revisar cualquier acto que afecte el derecho constitucional de un ciudadano. Aquí de lo que se trata, es no de justificar la existencia de un poder judicial por encima de los otros que integran la estructura del Estado, sino simplemente de un control de constitucionalidad que no es fácil de ejercer.

    No corresponde seguir  extendiéndome sobre una doctrina ya aceptada en forma casi unánime, superadora del viejo esquema conceptual de la no judicialidad de las decisiones políticas. No caben dudas que los actos impropios, arbitrarios o ilegales deben ser materia de juzgamiento, y todo lo referido al endeudamiento externo, que ha sido materia de una complicada investigación en la justicia federal penal   es precisamente uno de esos actos, donde se han sumado todo tipo de obstrucciones, se han planteado incompetencias, utilizándose todo tipo de recursos para evitar que se establezcan responsabilidades, estableciéndose las sanciones que correspondan a quienes defraudaron el patrimonio público.


    Notas

    (4) Respecto a tales criterios, el Secretario general de la Presidencia de la Nación, me hizo llegar en nombre de la entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, una carta en el mes de enero de 2010,e, respuesta a una mía, donde expresaba, que debido que ciertos actos habían sido convalidados por el Poder Legislativo, nada se podía hacer respecto a la celebración de actos, que podían ser objeto de reproche penal.

    (5) Bernard Schwartz, Administrative Law, 3ª. ed. Bostón 1991, pág. 652.

    (6) CSJN: Fallos 336:760.

    (7) Le contrôle juridictionnel de l’Administration en Europe de L’Ouest, en “Revue Europeénne de Droit Public, Londres 1995, vol. 6, Nº 2, pág. 353 y siguientes.

    (8) Germán J. Bidart Campos, La Interpretación y el Control Constitucional en la Jurisdicción Constitucional,  Ediar, Buenos Aires, 1987, pág. 161/162.

    (9) Hans Kelsen La Democratie. Sa nature. Sa valeur, Económica, Paris, 1988, pág. 72-73. Es traducción del original publicado en Tübingen en 1929.

    (10) Eduardo García de Enterría y Tomás R. Fernández, Curso de Derecho Administrativo, Ed. Civitas, 5º ed. Madrid 1996, Tº I, pág. 30.

    (11) Eduardo García de Enterría, La Lengua de los derechos. La Formación del Derecho Público Europeo tras la Revolución Francesa, Madrid, Alianza, 1994, pág. 140.

    (12) Eduardo García de Enterría, Democracia, Justicia y Control de la Administración, Ed. Civitas, Madrid, 1998, pág. 114.

    (13) Nuria Garrido Cuenca, El Acto de Gobierno, Cedesc Editorial, Barcelona, 1998.

    (14) Víctor Pérez Díaz, España puesta a prueba 1976-1996, Alianza, Madrid, 1996, pág. 65.

    (15) “Baker v. Carr”. U.S. 186, 198-a962. 

  • La deuda externa y una fallida investigación

    por Alejandro Olmos Gaona

    Introducción

    Aunque la problemática de la deuda externa, siempre ha estado presente de una u otra manera en los análisis económicos, y ha tomado una enorme gravitación en los últimos años, debido al crecimiento de la misma, a la dificultad de pago de las obligaciones externas, y las dificultades generadas por su posible incumplimiento; su relación con el derecho siempre ha estado ausente,  y son prácticamente desconocidos los aspectos que la vinculan al derecho penal, debido a los actos ilegales e ilícitos que se realizaran, durante la constitución de la misma. Esa invisibilización permitió que no se tomara debida conciencia, de la gravedad de un proceso que comenzara en el año 1976, y que se desarrollara a través de los distintos gobiernos, después de la instauración de la democracia en diciembre de 1983, y que las investigaciones que llevara a cabo la justicia en lo criminal y correccional federal permanecieran ignorada no solo por los grandes medios, sino también en los ámbitos universitarios donde ha estado ausente su consideración, salvo alguna que otra excepción (1).

    Entre los estudiosos del derecho penal, es prácticamente desconocida esa investigación, los actos ilegales e ilícitos que fueran comprobados, la sentencia dictada respecto a un tramo de la deuda, y el trabajo desarrollado por el Ministerio Público Fiscal, para poner en evidencia la enorme cantidad de operaciones ilícitas que se constituyeron a partir de la dictadura, y que a través de similares acciones siguieron adelante en el tiempo, sin que la justicia adoptara una decisión sobre los involucrados en los distintos procesos, limitándose a una recolección de pruebas, acumulando documentos, testimonios, informes, y auditorías que mostraban como se fue articulando un proceso de graves consecuencias para la estructura económica de la Nación.

    Cuando se ponen en evidencia las morosidades de la justicia en la investigación de determinadas causas que involucran a funcionarios públicos, se hacen múltiples referencias a la comisión de posibles delitos de acción pública, pero la deuda siempre está ausente, siendo esta precisamente una de las investigaciones más importantes que están en la justicia federal por la magnitud de los créditos investigados, y por el desmesurado crecimiento de la misma, que nunca se detuvo, desde las primeras operaciones que comenzaron en la primera mitad del año 1976. De allí que surge una relación inescindible entre ciertas formas de las operaciones que se llevaron a cabo y la aplicación del derecho penal, como ha intentado hacerlo desde hace décadas el Ministerio Público Fiscal, sin que la justicia, haya adoptado procedimientos que permitieran juzgar a los responsables de diversas acciones, que ocasionaron graves perjuicios a la economía nacional.

    No me estoy refiriendo a cuestionar algunas decisiones económicas, que pueden no ser materia de judicialización alguna, sino a la realización de actos ilegales, la comisión de delitos de acción pública, las diversas acciones de encubrimiento, para que una investigación que comenzara hace 38 años, terminara en la nada, y se convirtiera nada más que en una acumulación de papeles sin destino.

    En la primera investigación de la deuda que tuviera sentencia definitiva en el año 2001, se decretó el sobreseimiento por prescripción, debido a que los 18 años de trámite no daban lugar a resolverla de otra manera, aun cuando el tribunal fue el principal responsable, por su constante inacción. La causa que tramitara en la justicia en lo penal económico, que fuera remitida por incompetencia a la justicia federal, no tuvo mejor resultado, ya que el magistrado interviniente, no adoptó ni una sola medida para investigarla a pesar de los miles de infracciones a la ley penal cambiaria que fueran detectadas, y a la responsabilidad penal, que el juez en lo penal económico había detectado en el comportamiento de los directivos del Banco Central de la República Argentina. La tercera causa de la deuda, donde se investigaran los distintos ilícitos relacionados con la estatización de la deuda privada, la deuda con el Club de Paris y los distintos procesos llevados a cabo a partir de 1984 sigue abierta, sin que se adoptara decisión alguna. A esta causa se añadió otra iniciada en el año 2006 para investigar hasta la última reestructuración de la deuda del 2005, que siguió el mismo camino después de años donde se discutió la competencia del tribunal que debía intervenir.

    En estos procesos penales, donde como se verá más adelante se pusieron en evidencia distintas maniobras defraudatorias en perjuicio del patrimonio público, el procedimiento penal se constituyó en letra muerta. A pesar de enorme trabajo realizado por algunos peritos del Banco Central, de la existencia de numerosa documentación probatoria, los distintos titulares del Juzgado federal N°2 no consideraron que debían cumplir con los tramites fijados por el Código Procesal Penal, y fue así que las distintas causas, fuera de los documentos que se incorporaban, permanecieron en una especie de limbo, cuyas consecuencias sería  nuevamente la prescripción de los ilícitos investigados. En  una de las apelaciones relacionadas con incidentes de las últimas causas, uno de los jueces de la  Cámara en lo Criminal y Correccional Federal, consideró que no tenía ningún sentido seguir adelante con estas investigaciones, debido a que no se podía volver atrás en las operaciones  de endeudamiento (2).

    Ninguno de los organismos de control que tuvieron debido conocimiento de los distintos procesos quisieron involucrarse en materia tan peligrosa. Ni la Sindicatura General de la Nación, ni la Auditoría General de la Nación, ni la Procuración General de la Nación, ni la Procuración del Tesoro, y vanos fueron los esfuerzos del titular de la Fiscalía Federal N° 6, Dr. Federico Delgado, que reiteradamente insistiera, para que se tomara la debida intervención en la causa. La Procuración del Tesoro, entendió que no le correspondía efectuar acciones de responsabilidad, ante un pedido del Ministerio Público Fiscal, y decidió que solo lo haría después de analizar las conclusiones a las que hubiera llegado la Comisión Bicameral de Investigación y Seguimiento de la Deuda Externa, creada en septiembre del año 2014, mediante la ley 26.984, que fuera disuelta en marzo de 2016 (3). La Procuradora estimaba más relevantes el trabajo de la Comisión y no las investigaciones llevadas a cabo por la justicia.

    Pareciera que todas las herramientas suministradas por el derecho penal, y las propias competencias que la Constitución le asigna al Poder Judicial de la Nación, hubieran resultado inútiles para llevar a cabo un proceso, donde además de verificar las existencia de los posibles delitos de acción pública y actos ilegales realizados por funcionarios públicos, se estableciera con claridad las responsabilidades emergentes de muchas decisiones, que llevaron a constituir una deuda externa pública, que comenzara a incrementarse desde marzo de 1976, hasta este año 2020.  En las páginas que siguen, además de los comentarios pertinentes sobre una casi desconocida sentencia judicial, se podrá ver en apretada síntesis las particulares características de un proceso, donde el derecho penal estuvo ausente, a pesar de su decisiva importancia, en causas de tal gravedad como las que aquí se exponen. Su aplicación irrestricta, hubiera significado poner en evidencia las constantes transgresiones al orden jurídico por parte de funcionarios públicos, mostrando además que la deuda no resulta ser solo una categoría económica, que no admite controversia legal alguna, sino que también le son aplicables las normas del orden jurídico como a cualquier acto de la administración pública.

    El fundador de este sitio web Cosme Beccar Varela, siempre estuvo interesado en esta problemática, y cuando el Dr. Jorge Ballestero, emitió su fallo sobre la deuda en el año 2000 lo publicó íntegramente, ya que le interesaba mostrar cuestiones que son invariablemente silenciadas, y aunque quizás discrepamos en muchas apreciaciones políticas, siempre reconocí su valentía de decir lo que pensaba, sin importarle que fueran criticadas sus posiciones. Es por eso que entiendo que estos datos objetivos, de alguna manera pueden ser útiles a todos aquellos que les interese el tema.


    Notas

    (1) La Cátedra Libre de Deuda externa  que funciona hace más de 6 años en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que está a cargo del Embajador Miguel Espeche Gil ha funcionado de manera intermitente.

    (2) Voto del Dr. Eduardo Farah.

    (3) En la nota enviada el 17 de noviembre de 2014 a la Comisión Bicameral por la Dra. Angelina Abbona, se hizo constar “Ahora bien, la Procuración del Tesoro de la Nación no ha intervenido en representación del Poder Ejecutivo Nacional, en carácter de parte, en la referida causa judicial, ni en ninguna otra vinculada con la estatización de la deuda externa privada entre 1981 y 1983… Ello en virtud de no haber recibido encomienda alguna en tal sentido, decisión esta derivada de las conclusiones a las que arribó el Juzgado en lo Criminal y Correccional FederalN°2 de esta Capital en el pronunciamiento dictado el 13 de julio de 2000 en la causa 14.467, caratulada “Olmos Alejandro s/denuncia” (Expte 7723/98) en la que el magistrado actuante concluyó dictando sobreseimiento en la causa; pero a la vez, dispuso la remisión de los antecedentes reunidos durante la investigación al H. Congreso de la Nación, instándolo a adoptar dentro de sus competencias constitucionales, las medidas que estime conducentes para a mejor solución de la deuda externa de la República. Esa cuestión ha sido finalmente abordada por el Poder Legislativo con la sanción de la Ley 26984, en la que se contempló la creación de la Comisión Bicameral que Ud. preside, a los fines de la investigación del origen y legitimidad de la deuda externa de la Nación. Resulta claro que las conclusiones a las que arribe esa Comisión constituirán el antecedente indispensable para la adopción de diversos cursos de acción futuros, en el ámbito jurisdiccional.”


    Se puede leer este trabajo completo acá.

  • No voy a ser hipócrita

    “Yo estaba con mi hija en Cuba y me alegré mucho cuando escuché la noticia. No voy a ser hipócrita con este tema: no me dolió para nada el atentado [de las Torres Gemelas]”

    Hebe de Bonafini.

    Sabio consejo.  Yo tampoco voy a ser hipócrita. Reciproco el sentimiento.

    Para conmemorar su comparición ante el único Juicio que verdaderamente importa, reproducimos este artículo de la hermana del soldado Hermindo Luna, víctima de la violencia terrorista.

    ¡Pobres y brutos, ríndanse que los venimos a liberar!

    Por Jovina Luna

    En estos días se escucha hablar mucho, a pocos, sobre las clases sociales y lo bueno que son los de una y lo malo que son los de la otra.

    Yo no coincido con esa forma de ver las cosas: la bondad o la maldad anida en el corazón del hombre sin importar si tiene dinero o no. Hay gente muy pobre y muy mala, también gente muy rica y muy buena; y al revés, igual.

    Esto de “las clases” yo lo leí en las revistas de la guerrilla del ERP y de Montoneros de los años ’70: decían que había una “lucha de clases” en donde los malos eran los ricos que oprimían a los buenos que eran los pobres y que ellos, la guerrilla, eran la “vanguardia”, los “abanderados” de estos pobres, que vaya uno a saber quién los había elegido para eso. El “paraíso socialista” al que nos querían llevar a los tiros iba a llegar cuando ya no hubiera más ricos propietarios.

    Todos sabemos que ninguna de esas ideas llevaron a ningún pueblo a ninguna felicidad y que muy por el contrario solo trajeron muerte, hambre y pérdida de la libertad, y se necesitó y necesita de un Estado terrorista para imponerlas. Sólo se aplican con un Estado policía, de toda la vida de toda la comunidad, salvo para una clase dirigente que goza de todos los privilegios, como pasa en las dictaduras de China, Corea del Norte, Cuba o Venezuela. Mientras tanto todo el pueblo es igual de pobre.

    En los años ’70 por detrás de esas ideas empezaron a matar gente en la Argentina y así lo hicieron con mi hermano Hermindo y sus compañeros soldados en el Regimiento de Formosa el 5 de octubre de 1975. Los asesinos de entonces pensaban igual que los que ahora hablan de las clases sociales. Y los apellidos se repiten: Donda, Perdía, Vaca Narvaja, Pietragalla, Verbitsky, Bonafini, Grabois.

    El discurso de “odio de clases” de los usurpadores de propiedades en todo el país, seudo aborígenes o no, y de sus ideólogos, revive aquellos años donde personas de clase media y/o alta, de “izquierda” o “marxistas” o “comunistas”, o como se los quiera llamar, arrogándose una representación que no tenían hablaban de un “paraíso igualitario” y en gobiernos constitucionales asesinaron a personas de condición humilde que, por “brutos”, no alcanzaron a entender que ellos eran sus “libertadores” que venían a sacarlos de la “opresión”.

    En ese entonces no había una “dictadura”, había un gobierno democrático, peronista, con 5% de pobreza y los sediciosos montoneros, siempre en nombre de los pobres, atacaron el cuartel para robar armamento y combatir y derrocar a Isabel Perón.

    El organizador del ataque, Horacio Pietragalla, padre del actual Secretario de Derechos Humanos, era de una clase diferente a los soldados de Formosa: pertenecía a la clase media de la ciudad de Buenos Aires, al igual que la mayor parte de los atacantes. Norma Arrostito, fundadora de Montoneros, explicaría que la organización estaba integrada “mayoritariamente y por amplio margen” por gente de clase media.

    Mi familia es muy humilde y vive en Las Lomitas, en el centro de la provincia de Formosa, a trescientos kilómetros de la capital provincial. Mi papá se llamaba Jesús Luna y era albañil. Mi mamá se llamaba Secundina Vázquez y era ama de casa, hacía pan y empanadas para vender. Ellos se conocieron en el campo, en Paraje Las Delicias, y se casaron. No pudieron terminar la escuela primaria. Mamá no sabía leer ni escribir y papá sí, pero hizo hasta 4to grado. Toda la vida trabajaron muy duro para criar a trece hijos, a los que educaron en la humildad, la honestidad, el trabajo, el amor a la Patria y la fe cristiana. Así se crió Hermindo: sin plata y con muchos valores.

    Horacio Pietragalla, padre, desde sus 17 años actuaba en la guerrilla y entre otros tantos crímenes mató al empresario Alberto Bosch y al chofer Juan Carlos Pérez con una ametralladora como parte de un comando montonero que secuestró en Agosto de 1974, durante un gobierno peronista, a otros dos empresarios, los hermanos Jorge y Juan Born, en el Gran Buenos Aires. Por los Born, los terroristas cobraron un rescate multimillonario en dólares.

    Pietragalla planificó desde Resistencia, adonde se había mudado con su mujer, la también montonera Liliana Corti, y en complicidad con el soldado traidor montonero Roberto Mayol, el ataque al Regimiento que tenía un supuesto principal: que los soldados no iban a pelear; que se iban a rendir. Por eso se hizo un domingo a la tarde, a la hora de la siesta, cuando en el cuartel había sólo un puñado de oficiales y suboficiales y todo el resto eran soldados conscriptos. Lo que nunca sospecharon los atacantes fue la heroica resistencia de esos soldados.

    En publicaciones posteriores dejaron escrito para la posteridad lo frustrante que les resultó la lección de los bravos defensores del cuartel. La revista “Evita Montonera” que describe la intentona en Formosa dice, sin vueltas: “A partir de este momento comienza una verdadera batalla; los soldados – armados o desarmados en algunos casos – desobedecieron la orden de rendición, en todos lados presentaron fuerte resistencia y en algunos lugares esa resistencia fue suicida (…) Aventuramos la hipótesis de que esa resistencia suicida de los soldados tiene que ver en parte con el bajísimo nivel de conciencia de la población de la zona”.

    La traducción es: “Somos los que los vamos a liberar de la opresión de los ricos porque poseemos la solución a su pobreza, les damos la oportunidad de rendirse y nos corren a tiros. Esto pasa porque son brutos y no entendieron nada”.

    Mi hermano, de guardia, desobedeció la orden: “Rendite negro, que con vos no es la cosa”. Él les gritó: “¡Aquí no se rinde nadie, mierdas!”. Él, junto a sus compañeros soldados, ofrendó su vida entrando en la Historia y demostrándoles, que habían entendido todo y a la perfección.

    Este es el diálogo entre un combatiente montonero que participó del ataque y el también guerrillero Sergio Berlín, unos días después, ya de vuelta en Buenos Aires:

    -¡Carlitos, que suerte que no te pasó nada!

    -No, si para matarme a mí hace falta mucho más que un cuartel lleno tirando como en Stalingrado.

    -O sea que…

    -Sí, lo terrible fueron los soldaditos. Ahí sí que nos agarraron por sorpresa. No se imaginan cómo tiraban, los muy pelotudos. Ahora resulta que se creyeron el verso que les hicieron y se van a jugar la vida para defender a sus generales, a sus patrones, a todos los peores hijos de puta que siempre los cagaron. Eso sí que fue un desastre.

    -No, pero ahí hay un grave error de evaluación. Pero no un error militar. Esto es peor, es un error político. Se evalúa que los soldados no van a resistir y nos cagan a tiros. Es grave, che. Es grave. Va a haber que pensarlo mucho.

    En estos días, Victoria Donda, hija de dos guerrilleros montoneros, desde el INADI, defiende a la usurpadora Dolores Etchevehere; Roberto Perdía, segundo en jerarquía de Montoneros, asesoró a los usurpadores de Guernica; Fernando Vaca Narvaja, tercero en jerarquía de Montoneros, asesora a los usurpadores seudo mapuches en la cordillera; Horacio Pietragalla, hijo de dos terroristas montoneros, tutela los derechos humanos en la Argentina; el CELS de Horacio Verbitsky, terrorista montonero, denuncia ante la Justicia el desalojo de Guernica; Hebe de Bonafini, madre de dos terroristas, dijo que “hay que sacarles tierras a los ricos, la mitad de lo que tengan”, y Juan Grabois, hijo de un filo montonero en los ’70, defiende a los usurpadores de la propiedad privada en todo el país con su discurso de “odio de clases”.

    El Presidente Alberto Fernández al asumir dijo que nos convocaba a “superar el muro del rencor y del odio entre argentinos” y anunció que no podíamos contar con él “para seguir transitando el camino del desencuentro”. Sería muy positivo que sacara cuentas que con el mismo combustible que en los ’70, con la misma leña y con los mismos fósforos, es probable que se genere fuego.

    Los pobres de Argentina necesitan que las instituciones de la República, por la que murieron los soldados de Formosa, funcionen y les mejoren la vida dentro del sistema democrático. Hay que dejar de subsidiar, con nuestra plata, a los pirómanos setentistas que nos pueden incendiar.

  • Cinco valientes cruzan los Andes

    En 1554, Juan Gregorio Bazán queda a cargo de Santiago del Estero cuando Francisco de Aguirre vuelve a Chile con la esperanza de obtener el gobierno de ese “Reyno” por haber muerto Valdivia. La situación del baluarte levantado en la inmensidad desconocida del Tucumán, no podía ser más crítica. Aguirre al partir, “sacó consigo alguna gente española y muchos indios naturales de esta tierra, e cavallos”, por lo que su solitaria y lejana fundación quedó casi desamparada. Si bien, en los papeles, había repartido encomiendas entre 56 conquistadores, los favorecidos arrostraron, durante dos interminables años, la mayor pobreza. Una indigencia tal – se lee en la Información levantada por Alonso Abad – que “vestían cueros e sacaban una cabuya (fibra) a manera de esparto de unos cardones y espinos, a puro trabajo de manos, que hilándolo hacían camisas”.

    Ese desamparo a que los condenaba la naturaleza salvaje, hubiera justificado la despoblación de aquella base conquistadora, en hombres de otra complexión física y con otro temple moral. Pero el sentimiento de la propia responsabilidad y el altivo amor propio, les impelía a quedarse, a no proclamar su fracaso, a no dejar en la estacada a los amigos juríes, expuestos siempre a la venganza de los lules que, irreductibles, los acorralaban dentro de sus “fuertes de paliçadas”.

    Hambres – hasta “comían algunas sabandijas silvestres que nunca los españoles suelen comer sino con mucha necesidad” – miserias sin cuento, desconección total con el mundo civilizado; todo fueron capaces de soportar esos varones de rompe y rasga; todo menos la falta de un sacerdote que le suministrara los auxilios espirituales, tan necesarios para sus fervorosas almas católicas. Por esto, casi “estuvieron por despoblar esta ciudad e yrse al Pirú”.

    Los frailes Alonso Trueno y Gaspar de Carvajal, que acompañaron a Nuñez de Prado, al imperar Aguirre habían abandonado al población tucumana. Si voluntariamente o no, conocemos los testimonios contradictorios de Mexía Mirabal, de Antonio Alvarez, de Francisco de Carvajal y de Cristóbal Pereyra. Por su parte Rodríguez Juárez manifestó al respecto, que ambos dominicanos, “visto la pobreza de esta tierra, y que no avía ni oro ni plata ni otra cosa alguna, mas solo mayz, se bolbieron al Perú, sin quedar en la tierra sacerdote”. De tenor semejante resultan las declaraciones de Miguel de Ardiles, de Gonzalo Sánchez Garzón, de Santos Blásquez, de Juan García, de Pedro Jiménez y de Juan Pérez Moreno.

    Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que desde el alejamiento de los frailes de grado o por fuerza, quedó sin clérigos Santiago del Estero, y que por tan poderosa razón, los fervorosos vecinos en las ceremonias religiosas, y “todos los lunes e sábados”, andaban “en prosición de la yglesia a las hermitas e cruzes, cantando letanías e suplicando a Nuestro Señor les enbiase sacerdotes que les administrasen los sacramentos”. Si alguno de ellos moría, “lo llevavan a enterrar los españoles con hartas lágrimas e con harto desconçuelo, rogando a Dios por él en sus oraciones”.

    Aquellos conquistadores cansados de esperar mas de dos años, “ansí sin sacramentos, no pudiéndolo sufrir, despacharon cinco ombres que fueron al rreyno de Chile a traer sacerdotes”. Y para allá se ponen en movimiento Hernán Mexía Mirabal y Bartolomé Mansilla, junto con Rodrigo de Quiroga, Nicolás de Garnica y Pedro de Cáceres.

    Corajudos, aguantadores de “nieves, fríos y hambres” esos cinco Capitanes recorrieron leguas y leguas acosados “por la mucha gente de guerra muy velicosa que ay en el camino”, y cruzaron “con gran riesgo de sus vidas”, los Andes “fragosos y tempestuosos”. Al otro lado de “la cordillera de Chile” los indios “alçados” de Copiapó les cierran el paso. Esto produce desánimo en algunos componentes del quinteto temerario, que insinúan el regreso al pago santiagueño, lo cual frustraría los propósitos del viaje; pero “el averse atrevido el dicho Capitán Hernán Mexía solo a adelantarse”, logró que los indecisos le siguieran, y al cabo de “muchos meses, con la ayuda de Nuestro Señor Jesucristo que los faboreció”, pudieron tornar los expedicionarios al punto de partida, trayendo, desde La Serena, un sacerdote; el padre Juan Cidrón.

    En tan abnegada como conmovedora hazaña – que si no tuviera a su favor los documentos de la historia tomaríase por leyenda hagiográfica o novela de caballería – Hernán Mexía Mirabal, Bartolomé Mansilla, Rodrigo de Quiroga, Nicolás de Garnica y Pedro de Cáceres, no olvidaron que, amén de los espirituales, el hombre necesita otros sustentos para vivir. En consecuencia, junto al clérigo Cidrón, “traxeron algunas semillas de trigo, cevada y otras cosas de Castilla; e algodón, que es de que al presente los naturales se bisten e cubren, haziendo mantas e camisetas”; y “plantas de ubas e árboles frutales, obejas, bacas e otros ganados”; conjunto de bestias y especies botánicas que se introducían, por primera vez, en aquella agreste región de los juríes.

    Así fue como esos desamparados conquistadores santiagueños – para decirlo con palabras de uno de ellos, Santos Blasquez – “se dieron a sembrar muchas semillas ansy de trigo como cebada, plantando viñas e otros árboles de Castilla, e fueron criando ganados, yeguas, vacas y ovejas, con que fue la tierra adelante, e se a sustentando con todos sus travajos, e dende este tiempo se comenzó a comunicar esta provincia con el Pirú e Chile”.

    De tal suerte, a los fieros arrestos de la guerra se sumaron, a partir de entonces, las mansas actividades agropecuarias, con su consecuente industria rudimental. Y quedó establecido, con regularidad relativa, un intercambio de colaboración entre aquel núcleo de cultura, que se iba desarrollando en Santiago del Estero, y los otros centros ya evolucionados peruanos y chilenos; desde donde había venido el inmediato impulso conquistador: hombres y recursos que casi siempre aportaba un Capitán empresario, “a su costa y minción”; con fundadas esperanzas – claro está – de que gastos y desvelos, ocasionados en el “real servicio”, le vendrían a ser retribuídos con creces, más tarde, por la Corona.

    Y no es impertinente repetir, que aquellas expediciones – gajes de hombres de acción, como Mexía Mirabal – que incursionaban dispersas, generalmente desconectadas las unas de las otras, dentro de un área de casi un millón y medio de kilómetros cuadrados, lejos de responder a las viarazas empíricas de sus respectivos caudillos – cual se ha dicho tan a menudo con ligereza – encontrábanse subordinadas, en primera instancia, a las directivas precisas de ciertos funcionarios con dotes de estadistas; cuyos planes de gran envergadura – “ideologías” los llama Levillier – demuestran hoy, a quienes estudian historia, la coherencia con que fue llevada a cabo la empresa fundacional de España. Tanto Vaca de Castro y La Gasca en el Perú, como Valdivia y Hurtado de Mendoza en Chile, y el excepcional realizador Francisco de Aguirre en el mismo campo de sus hazañas, y el Virrey Toledo en Lima, y en Charcas el Oidor Matienzo, resultan, en definitiva – cuando no, a la vez, ejecutores prácticos – los creadores intelectuales, los formidables estrategas que concibieron el gigantesco designio de incorporar el Tucumán y el Río de la Plata a la Corona de España; vale decir, a la civilización occidental.

    Sin aquellas ciudades fundadoras – puntos fortificados adecuadamente dispuestos – los conquistadores españoles hubieran sido física y moralmente aniquilados por los indios salvajes. Bien dice Romualdo Ardissone al respecto: “Al transcurrir la existencia del conquistador en el campo, separado de sus semejantes, en contacto diario con el indio, pierde su cultura, sus elementos europeos se atenúan, y a la larga se barbariza; el indio y la naturaleza que lo rodean, lo embisten, lo barnizan, lo conquistan. Grave es el problema para el europeo, más grave aún para sus hijos cuya educación progresivamente y con rapidez alarmante, cobra caracteres indígenas, intensificados por la mezcla de sangre que se hace poco menos que imposible impedir. En cambio, la existencia de ciudades trae la convivencia, el trato continuo o frecuente, el roce con los semejantes; la vida social logra salvar el caudal de costumbres e ideales traídos de Europa. El conquistador puede conservar y aún intensificar la superioridad con respecto al indígena, al cual sirve de ejemplo para que se le acerque siempre más en sus costumbres. La función educativa, política y militar de las ciudades es de primer orden, de aquí el interés de fundarlas”.

    Carlos F. Ibarguren, en Los Antepasados, a lo largo y mas allá de la historia argentina, Tomo IX.

  • La verdad según la justicia social

    Cómo la izquierda progresista se alineó con el posmodernismo

    Hemos llegado a un punto en la historia donde las ideas que sustentan el liberalismo y la modernidad en el seno de la civilización occidental están en grave riesgo. La naturaleza precisa de esta amenaza es complicada. Surge de al menos dos presiones abrumadoras, una revolucionaria y otra reaccionaria, que están en guerra sobre qué dirección iliberal deben ser arrastradas nuestras sociedades.

    Los movimientos populistas de extrema derecha afirman librar una última y desesperada batalla por el liberalismo y la democracia contra una ola creciente de progresismo y globalismo. Se están volviendo cada vez más hacia el liderazgo de dictadores y hombres fuertes que pueden mantener y preservar la soberanía y los valores “occidentales”.

    Mientras tanto, los cruzados “progresistas” de extrema izquierda se presentan a sí mismos como los únicos y justos campeones del progreso social y moral.

    No solo promueven su causa a través de objetivos revolucionarios que rechazan abiertamente el liberalismo como una forma de opresión: también lo hacen con medios cada vez más autoritarios, buscando establecer una ideología completamente fundamentalista de cómo debe ordenarse la sociedad. Cada lado en esta refriega ve al otro como una amenaza existencial y, por lo tanto, cada uno alimenta los mayores excesos del otro. Esta guerra cultural es lo suficientemente intensa como para definir la vida política —y, cada vez más, social— a principios del siglo XXI.

    Aunque el problema de la derecha es grave y merece un análisis cuidadoso en sí mismo, nos hemos convertido en expertos en la naturaleza del problema de la izquierda. Esto se debe en parte a que creemos que, mientras que los dos bandos se están conduciendo mutuamente a la locura y a una mayor radicalización, el problema que proviene de la izquierda representa un alejamiento de su punto histórico de razón y fuerza: el liberalismo esencial para el mantenimiento de nuestras seculares democracias liberales. La izquierda progresista se ha alineado no con la modernidad sino con el posmodernismo, que rechaza la verdad objetiva como una fantasía soñada por pensadores de la Ilustración ingenuos o arrogantemente fanáticos que subestimaron las consecuencias colaterales del progreso.

    El posmodernismo, según su punto de vista, se ha convertido o ha dado lugar a una de las ideologías menos tolerantes y más autoritarias con las que el mundo ha tenido que lidiar desde el final del colonialismo y la Guerra Fría. El posmodernismo se desarrolló en rincones relativamente oscuros de la academia como una reacción intelectual y cultural a todos estos cambios y, desde la década de 1960, se ha extendido a otras partes de la academia: al activismo, a través de las burocracias y al corazón de las escuelas y universidades. A partir de ahí, ha comenzado a filtrarse en la sociedad en general hasta el punto en que el posmodernismo y las reacciones violentas en su contra, tanto razonables como reaccionarias, dominan nuestro panorama sociopolítico.

    Este movimiento persigue nominalmente un objetivo amplio llamado “justicia social”. El término se remonta a casi 200 años. Bajo diferentes pensadores en diferentes momentos, sus diversos significados se han referido a abordar y reparar las desigualdades sociales, particularmente cuando se trata de cuestiones de clase, raza, género, sexo y sexualidad, y particularmente cuando estas van más allá del alcance de la justicia legal. Quizás lo más famoso sea que el filósofo progresista liberal John Rawls expuso una teoría filosófica de las condiciones bajo las cuales se podría organizar una sociedad socialmente justa. En esto, planteó un experimento de pensamiento universalista en el que una sociedad socialmente justa sería aquella en la que un individuo al que se le diera la opción sería igualmente feliz de nacer en cualquier medio social o grupo de identidad.

    También se ha empleado otro enfoque explícitamente antiliberal y antiuniversal para lograr la justicia social, particularmente desde mediados del siglo XX. Este tiene sus raíces en la “teoría crítica”. La teoría crítica se ocupa principalmente de revelar sesgos ocultos y suposiciones subexaminadas, por lo general, señalando los “problemas”, es decir, las formas en que la sociedad y los sistemas en los que opera van mal. El posmodernismo, en cierto sentido, fue una rama de este enfoque crítico.

    El movimiento que asume este cargo presuntuosamente se refiere a su ideología simplemente como “justicia social”, como si solo buscara una sociedad justa, mientras que el resto de nosotros abogamos por algo completamente diferente. Cada vez es más difícil pasar por alto la influencia del Movimiento por la Justicia Social en la sociedad, sobre todo en forma de “política de identidad” o “corrección política”. Casi a diario, sale una noticia sobre alguien que ha sido despedido, ‘cancelado’ u objeto de vergüenza pública en las redes sociales, por haber dicho o hecho algo interpretado como sexista, racista u homofóbico. A veces, las acusaciones están justificadas, y podemos consolarnos con el hecho de que un fanático, a quien vemos como completamente diferente a nosotros, está recibiendo la censura que “merece” por sus odiosas opiniones.

    Sin embargo, cada vez con mayor frecuencia, la acusación es altamente interpretativa y su razonamiento tortuoso. A veces pareciera como si cualquier persona bien intencionada, incluso alguien que valora la libertad y la igualdad universales, podría decir sin darse cuenta algo que no cumple con los nuevos códigos de expresión, con consecuencias devastadoras para su carrera y reputación.

    Esto es confuso y contrario a la intuición de una cultura acostumbrada a poner la dignidad humana en primer lugar y que, por lo tanto, valora las interpretaciones caritativas y la tolerancia de una amplia gama de puntos de vista. En el mejor de los casos, este comportamiento tiene un efecto escalofriante en la cultura de la libre expresión, que ha servido bien a las democracias liberales durante más de dos siglos: las buenas personas se autocensuran para evitar decir cosas “incorrectas”. En el peor de los casos, es una forma maliciosa de intimidación y, cuando se institucionaliza, una especie de autoritarismo.

    Estos cambios, que se están produciendo con una rapidez asombrosa, son muy difíciles de comprender. Esto se debe a que provienen de una visión muy peculiar del mundo, que incluso habla su propio idioma, en cierto modo. Dentro del mundo de habla inglesa, los defensores de la justicia social hablan inglés, pero los “despertados” (“woke” en inglés, es decir, aquellos que despertaron a la visión de la justicia social) usan palabras cotidianas de manera diferente al resto de nosotros. Cuando hablan de ‘racismo’, por ejemplo, no se refieren a prejuicios por motivos de raza, sino a, como ellos lo definen, un sistema racializado que impregna todas las interacciones en la sociedad pero que es en gran parte invisible excepto para aquellos que experimentan o que están versados ​​en los métodos ‘críticos’ apropiados que los entrenan para verlo.

    Estos académicos-activistas no solo hablan un lenguaje especializado, mientras usan palabras cotidianas que la gente asume, incorrectamente, que entienden, sino que también representan una cultura completamente diferente, incrustada en la nuestra. Las personas que han adoptado este punto de vista pueden estar físicamente cerca, pero intelectualmente están a un mundo de distancia. Están obsesionados con el poder, el lenguaje, el conocimiento y las relaciones entre ellos. Interpretan el mundo a través de una lente que detecta dinámicas de poder en cada interacción, expresión y artefacto cultural, incluso cuando no son obvios o reales.

    Esta es una visión del mundo que se centra en los agravios sociales y culturales y tiene como objetivo convertir todo en una lucha política de suma cero que gira en torno a marcadores de identidad como la raza, el sexo, el género y la sexualidad. Para un extraño, esta cultura parece haberse originado en otro planeta, cuyos habitantes no tienen conocimiento de las especies que se reproducen sexualmente, y que interpretan todas nuestras interacciones sociológicas humanas de la manera más cínica posible. Pero, de hecho, estas actitudes absurdas son completamente humanas. Dan testimonio de nuestra capacidad repetidamente demostrada para adoptar cosmovisiones espirituales complejas, que van desde el animismo tribal hasta el espiritualismo hippie y las religiones globales sofisticadas, cada una de las cuales adopta su propio marco interpretativo a través del cual ve el mundo entero. Este simplemente trata sobre una visión peculiar del poder y su capacidad para crear desigualdad y opresión.

    Interactuar con los defensores de este punto de vista requiere aprender no solo su lenguaje, que en sí mismo es bastante desafiante, sino también sus costumbres e incluso su mitología de los problemas “sistémicos” y “estructurales” inherentes a nuestra sociedad, sistemas e instituciones. Como saben los viajeros experimentados, comunicarse en una cultura completamente diferente implica más que aprender el idioma. Uno también debe aprender modismos, implicaciones, referencias culturales y etiqueta. A menudo, necesitamos a alguien que no sea solo un traductor sino también un intérprete en el sentido más amplio, alguien que conozca ambos conjuntos de costumbres, para comunicarnos de manera efectiva.

    En nuestro libro Cynical Theories explicamos cómo la teoría de la justicia social se ha convertido en la fuerza impulsora de la guerra cultural de finales de la década de 2010, y propone una forma filosóficamente liberal de contrarrestar sus manifestaciones en la erudición, el activismo y la vida cotidiana. Contamos la historia de cómo el posmodernismo aplicó sus teorías cínicas para deconstruir lo que podríamos estar de acuerdo en llamar las ‘viejas religiones’ del pensamiento, que incluyen creencias religiosas convencionales como el cristianismo e ideologías seculares como el marxismo, así como sistemas modernos cohesivos como la ciencia, el liberalismo filosófico y el ‘progreso’, y los reemplazó con una nueva religión propia, llamada justicia social.

    Es útil que la teoría de la justicia social se haya vuelto cada vez más segura y clara acerca de sus creencias y objetivos. Este desarrollo es, sin embargo, alarmante: ha hecho que la teoría sea mucho más fácil de entender y actuar por parte de los creyentes que quieren remodelar la sociedad. Podemos ver su impacto en el mundo en los ataques de la justicia social a la ciencia y la razón. También es evidente en las afirmaciones de los creyentes que la sociedad está dividida de manera simplista en identidades dominantes y marginadas y está respaldada por sistemas invisibles de supremacía blanca, patriarcado, heteronormatividad, cisnormatividad, capacitismo y gordofobia.

    Por Helen Pluckrose and James Lindsay.

    Traducido de The Spectator.

  • ¿Dónde está Greta Thunberg?

    Cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas se reunió en Nueva York en septiembre, los observadores del clima pueden haber notado la molesta falta de unas trenzas. Greta Thunberg, quien pasó el verano de 2019 acechando la Costa Este después de tomar un yate del príncipe de Mónaco a través del Atlántico, alcanzó su cenit en septiembre, la última vez que este organismo se reunió en persona, en la Cumbre de Acción Climática donde entregó su espeluznante, y repetido hasta el olvido discurso de “cómo te atreves”.

    Pero el pequeño ser escalofriante, salida directamente de Kubrick, estuvo notablemente ausente en la asamblea de este año, en un momento en que la administración Biden está impulsando la histeria climática con más fervor que nunca. En una sala llena de las personas favoritas de Jeffrey Epstein, tal vez ella haya perdido relevancia (cumplió diecinueve años este año) o tal vez sea su mensaje el que ya no está de moda. El mismo mes, su propia nación, Suecia, eligió lo que los periódicos llaman un gobierno de “extrema derecha” (una etiqueta general que se aplica a cualquier grupo sospechoso de no recibir dinero de George Soros). Durante las elecciones suecas, la izquierda se centró en la energía verde y el calentamiento global; los conservadores se concentraron en la inmigración y el crimen. 2022 estaba destinado a convertirse en el peor año registrado para la violencia de pandillas en Suecia y los informes de delincuencia callejera estallaron en los titulares suecos justo antes de las elecciones.

    La derecha también tenía la ventaja en el tema de la energía, con los votantes suecos alejados de sus partidos de izquierda, especialmente los Verdes, por el aumento de los precios de la energía en Europa. Dos semanas después, Italia hizo lo mismo cuando eligió a Giorgia Meloni como primera ministra. The Atlantic marcó la elección de la primera mujer primera ministra de Italia al declarar “el regreso del fascismo en Italia”. CNN llamó a Meloni “el primer ministro de más extrema derecha en Italia desde Mussolini”. Antes de las elecciones del 25 de septiembre, activistas climáticos desesperados organizaron una sentada en la oficina de Roma de la favorita Meloni. Su rabieta cayó en oídos sordos. La democracia estaba inconvenientmente en marcha en todo el continente, ya que los votantes expresaron su interés menguante en el evangelio climático cuando se enfrentaban a problemas diarios más apremiantes.

    Vladimir Putin sigue siendo el elefante de color sopa de remolacha en la sala. Las sanciones a Rusia tras la invasión de Ucrania por parte de Putin tienen a los europeos complicados. Se acerca el invierno y el continente necesita gasolina. Deutsche Bank ha advertido que los alemanes pueden tener que recurrir a la quema de madera para mantener calientes sus hogares. En medio de la crisis, Rumania, Estonia y Finlandia han aumentado la tala de bosques centenarios para cosechar árboles para obtener energía. Cuando las temperaturas comenzaron a bajar, la plataforma de video Twitch bloqueó el canal de un hombre ruso que estaba transmitiendo durante 24 horas la imagen en vivo de su estufa de gas a toda potencia para burlarse de los europeos. A finales de septiembre, Viktor Orbán, el primer ministro conservador de Hungría, anunció que su país celebraría un referéndum sobre las sanciones de la Unión Europea impuestas a Rusia y dijo que “las sanciones no se decidieron democráticamente, sino que las decidieron los burócratas de Bruselas y las élites europeas”.

    A medida que la popularidad de su tema preferido resulta tan volátil como el clima mismo, Thunberg puede estar dando un paso atrás para cambiar su marca a un regaño izquierdista de uso más genérico. En 2021, amenazó con boicotear la cumbre climática de la ONU, COP26 en Glasgow, por algo llamado “desigualdad de vacunas”. Si bien los últimos dos años demostraron sin lugar a dudas que no todas las vacunas son iguales (en seguridad y eficacia), el alboroto de Thunberg tuvo algo que ver con las naciones ricas que no proporcionaron suficientes vacunas a los países pobres. Terminó asistiendo a la cumbre en Glasgow de todos modos, pero se fue temprano y le dijo a una multitud fuera de la reunión que el calentamiento global era el resultado de un sistema basado en “la idea de que algunas personas valen más que otras” y que la atención debería centrarse en la causa “raíz”.

    Es una pendiente resbaladiza e inevitable desde salvar a los osos polares hasta que el hombre blanco crea el clima y es racista. Los osos polares, por ejemplo, lo están pasando muy bien. Hay casi tres veces más viviendo en su habitat hoy que cuando comenzamos a contarlos en la década de 1960. Esto explica por qué nunca más escuchas sobre ellos a menos que vivas en Churchill, Manitoba. A los humanos también les está yendo bien, en camino de alcanzar una población de 8 mil millones a finales de este siglo. Mientras tanto, Thunberg, en la semana doscientos y tantos de su ausentismo escolar, necesitará compromisos de discursos más estables y la justicia social está llamando. Como señaló Politico recientemente, Thunberg “está siendo impulsada por un mensaje diferente: escuchen a los más vulnerables y ayúdelos a construir el futuro justo que exigen”.

    O eso o los jefes climáticos, sintiendo que la mejor manera de mantener el poder es la ofuscación, han puesto a su títere adolescente en un segundo plano. Cuatro días después de que concluyera la Asamblea General de la ONU en Nueva York, unas cuadras al oeste en Central Park, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, apareció en el escenario de un festival de música para dar una conferencia a los asistentes sobre el calentamiento global. Vestida completamente de blanco (¡también después del Día del Trabajo!), recibió abucheos y protestas de una multitud de miles. La anciana temblorosa, con la voz chillona que gorjeaba sobre las burlas, no esperaba este rechazo de los jóvenes en el corazón de la ciudad liberal de Nueva York. Se suponía que esta era la base climática, y la consternación en el rostro de Pelosi parecía decirlo todo: ¿cómo te atreves?

    Por Chadwick Moore, para The Spectator, 25/10/2022.

    Chadwick Moore es el editor de Outspoken y es columnista de Spectator y editor colaborador. Su nuevo libro, Así que te han enviado a la capacitación en diversidad: sonriendo a través del apocalipsis DEI, ya está disponible.

  • En honor a Cervantes

    ¿Por qué vas tan elegante a la universidad? Porque tengo clase.

    Quisiera comprar un libro sobre la fatiga y el cansancio. Lo siento, están agotados.

    Oye, ¿te gusta la teoría de Einstein? Relativamente.

    Alguna vez pensé que entre tú y yo todo se podría. Y pues sí, se pudrió.

    Mi hijo está practicando natación. ¿Y qué tal le va? Nada mal.

    Doctor, soy asmática, ¿es grave? No, señora, es esdrújula.

    El mes pasado contraí matrimonio. Contraje. Claro, tenía que ser formal.

    No me quieres porque soy daltónico, ¿verdad, Celeste? ¡Me llamo Violeta!

    Oye, ¿cómo te llamas? No soy el ayer, ni soy el mañana. ¿De qué hablas? Me llamo Eloy.

    Hola, cielo, ¿cómo estás? Parcialmente nublado, con probabilidades de lluvia.

    Joven, ¿podría decirme dónde vio por última vez a la señora de las empanadas? Por su puesto.

    Cusiosidades del idioma castellano:

    • Con 23 letras, se ha establecido que la palabra Electroencefalografista es la más extensa de todas las aprobadas por la Real Academia Española de la Lengua.
    • En el término Centrifugados, todas las letras son diferentes y ninguna se repite.
    • La palabra Oía tiene tres sílabas en tres letras.
    • En Aristocráticos, cada letra aparece dos veces.
    • El vocablo Cinco tiene a su vez cinco letras, coincidencia que no se registra en ningún otro número.
    • El término Corrección tiene dos letras dobles.
    • Las palabras Ecuatorianos y Aeronáuticos poseen las mismas letras, pero en diferente orden.
    • El término Estuve contiene cuatro letras consecutivas por orden alfabético: s-t-u-v.
    • Con nueve letras, Menstrual es el vocablo más largo con solo dos sílabas.
    • La palabra Pedigüeñería tiene los cuatro firuletes que un término puede tener en nuestro idioma: la virgulilla de la ñ, la diéresis sobre la ü, la tilde del acento y el punto sobre la i.
    • El vocablo Reconocer se lee lo mismo de izquierda a derecha que viceversa (palíndromo).
    • La palabra Euforia tiene las cinco vocales y sólo dos consonantes…

    Las cinco vocales:

    La famosa escritora española Lucía Echevarría, ganadora del Premio Planeta 2004, dijo en una entrevista, que “murciélago” era la única palabra en el idioma español que contenía las 5 vocales. Un lector, José Fernando Blanco Sánchez, envió la siguiente carta al director del diario ABC:

    Acabo de ver en la televisión estatal a Lucía Echevarría diciendo que, “murciélago” es la única palabra en nuestro idioma que tiene las cinco vocales.

    Mi estimada señora:

    Piense un poco y controle su “euforia”.

    Un “arquitecto” “escuálido”, llamado “Aurelio” o “Eulalio”, dice que lo más “auténtico” es tener un “abuelito” que lleve un traje “reticulado” y siga el “arquetipo” de aquel viejo “reumático” y “repudiado”, que “consiguiera” en su tiempo, ser “esquilado” por un “comunicante”, que cometió “adulterio” con una “encubridora” cerca del “estánquillo”, sin usar “éstimulador”.

    Señora escritora, si el “peliagudo” “enunciado” de la “ecuación” la deja “irresoluta,” y piense de modo “jerárquico”.

    No se atragante con esta “perturbación”, que no va con su “milonguera” y “meticulosa” “educación”.

    Y repita conmigo, como diría Cantinflas:
    ¡Lo que es la ignorancia!

    Solo me queda recomendarle que se refresque con hojas de “eucalipto”…

  • Malas noticias de Colombia

    Introducción de La Botella al Mar: Nos llegan noticias de Colombia sobre los primeros meses de gobierno del ex-guerrillero Gustavo Petro. No son alentadoras. Transcribimos abajo algunos puntos de un comunicado del grupo Tradición y Acción, firmado por Eugenio Trujillo Villegas. Diríamos que esto debería representar una voz de alerta para nuestra Argentina. Lamentablemente en esto corremos con ventaja y ya nos encontramos mucho más hundidos en las miasmas del populismo izquierdista que nuestros hermanos colombianos. Dios quiera que ellos se den cuenta del camino que han emprendido antes que sea tarde. ¿Será que es tarde para nosotros?


    Los colombianos estamos perplejos y desconcertados ante todos los desastres originados por el gobierno de Petro. El País parece haber entrado en una pesadilla sin fin, en la cual todos los días acontecen cosas peores, promovidas por los funcionarios del Gobierno.  

    Todos ellos demuestran una incompetencia jamás vista, gobiernan con la más absoluta ignorancia, por lo cual incurren en los más grandes desatinos.

    Para no repetir lo que todos saben, basta apenas con mencionar algunos de ellos. El ministro de Hacienda ha presentado una reforma tributaria que arruinará al sector empresarial, estableciendo unos impuestos confiscatorios e irracionales que espantarán las inversiones. La ministra de Agricultura propone comprar tres millones de hectáreas productivas para repartirlas entre campesinos, indígenas y agitadores sociales, sin tener dinero para ello y desconociendo algo elemental, como lo es que repartir tierra no basta para producir alimentos. La ministra de Minas y Energía anuncia que acabará con la producción de petróleo, gas y carbón, que son la columna vertebral de nuestra economía. La ministra de Salud amenaza con abolir las EPS privadas (Entidades prestadoras de salud), para que sea el Estado socialista quien asuma la atención médica de todos los colombianos, algo que ya vivimos en el pasado y que fue un absoluto fracaso.

    Los ejemplos podrían ser tantos, que es inútil continuar con ellos. En realidad, Colombia fue tomada fraudulentamente por una banda marxista que ha tomado la decisión de demoler el País a las patadas, para reemplazar el progreso y el desarrollo alcanzado durante décadas de trabajo y esfuerzo, por un sistema socialista antinatural y fracasado.

    El socialismo solo ha generado pobreza, miseria y opresión en todo el mundo. Después de pocos o muchos años de dominio, los países afectados se han levantado indignados contra esta secta marxista, y solo así han podido regresar a la libertad y al progreso. Pero el precio que se paga por esta aventura es inmenso, pues se sufren las consecuencias de la miseria y el subdesarrollo, mientras que los gobernantes establecen el más escandaloso saqueo de los bienes públicos.

    ¡Que nadie se engañe! Cuando este tipo de gobiernos proponen aumentar los impuestos a unos niveles impagables, expropiar las empresas y asumir el control de la economía, eso jamás se convierte en beneficios sociales. Lo que acontece es que se roban todo, estableciendo el saqueo y la corrupción desenfrenada como el principal objetivo de los burócratas que ostentan el poder.

    A simple vista, toda esta pesadilla parece apenas un gobierno de incompetentes, de demagogos y de estúpidos, que no tienen la menor idea de resolver los problemas. ¡Lamentablemente, esa es la pura verdad! Pero hay además un trasfondo que no todos ven con claridad, que es necesario denunciar si queremos salvar a Colombia de las garras del comunismo que ya comienza a estrangularnos.

    El mundo está entrando en un misterioso proceso denominado post-marxismo. Ahora no se trata de imponer el comunismo al estilo de la revolución bolchevique en el siglo pasado, sino de imponer el llamado Nuevo Orden Mundial. Éste será el gobierno dictatorial de todas las naciones, ejercido con mano de hierro por una secta trans-nacional poderosa.

    Pretenden crear una República Universal, que será la mayor de las dictaduras de la historia. Comparados con estos nuevos sátrapas, Lenín, Stalin y Mao pasarán a ser unos aprendices de tiranos. Lo que el post-marxismo pretende imponer al mundo parece inverosímil, pero en realidad ya es un proceso en estado de ejecución avanzada.

    Entre sus grandes objetivos y realizaciones están la abolición de todas las religiones, especialmente la Católica, que ya está en un proceso de espantosa auto-demolición. Pretenden imponer la ideología de género y la dictadura de los colectivos LGBT (lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros); quieren destruir la familia cristiana y promover el aborto sin restricciones; ejercen el control de los medios de comunicación y de las redes sociales, para que la única verdad existente sea la que ellos divulguen; quieren destruir la economía, el progreso y el concepto de propiedad privada, para reemplazarlos por el estado ecologista, miserabilista y tribal; abolirán los valores morales, para imponer la dictadura de lo irracional, de lo horrendo y de lo absurdo; tratarán de disminuir la población mundial por todos los medios, para lo cual se inventarán guerras y pandemias planificadas.  

    Por supuesto, para llegar a este sistema de gobierno antinatural, será necesario suprimir paulatinamente todas las libertades legítimas, tal como lo han venido experimentando con el pretexto de la pandemia.

    Por estas razones, cuando los ministros de Colombia proponen las ideas más aberrantes, descabelladas y catastróficas, no lo hacen apenas por ignorancia o incompetencia. Lo que realmente hacen es demoler el País en el menor tiempo posible.   

    ¿Lo van a conseguir? Ese es el gran interrogante. Si el País opta por la cobardía y la indolencia, Petro lo va a destruir. Pero si Colombia resiste con entereza y se opone por todos los medios legítimos a que se destruya en pocos días lo que se ha construido en decenas de años, Petro y su gobierno jamás podrán destruir a Colombia.    

    Los colombianos tendrán que decidir. Cada día que pasa sin luchar para impedir la demolición de la Patria, hará más difícil evitar el cataclismo que vendrá. Con las marchas y las protestas realizadas, se ha conseguido frenar o modificar algunas de las sandeces que nos quieren imponer. Pero esta sana reacción tiene que multiplicarse, extenderse a todos los rincones de la Patria, y debe ser apoyada por todos, si es que queremos salvar a Colombia del desastre.

    Octubre 28 de 2022.

  • Pequeña maravilla

    Con el comienzo del otoño [en el hemisferio norte], llega de nuevo el momento de la recolección de la aceituna: las aceitunas verdes se suelen recolectar en septiembre y octubre, mientras que las aceitunas negras se suelen recolectar entre noviembre y enero.

    Las aceitunas se recolectan en el Mediterráneo oriental desde tiempos inmemoriales. Según la tradición judía, la primera semilla de olivo cayó del paraíso y aterrizó en la tumba de Adán, como un regalo de Dios a la humanidad. En la mitología griega, se dice que Hércules trajo el primer olivo a Grecia y lo plantó en Olimpia, desde donde se extendieron por toda Grecia. Durante milenios el olivo ha sido símbolo de abundancia, fortaleza, paz y santidad, así como de renovación y fertilidad. Las aceitunas se mencionan a menudo en la Biblia hebrea y se consideran uno de los alimentos más importantes de la Tierra de Israel. Según la Mishná o Torá Oral, el aceite de oliva era el mejor aceite para encender las velas de Shabat. En el Corán, las aceitunas se denominan frutos benditos y se comen a menudo durante el Ramadán.

    Fueron los fenicios y los griegos quienes primero introdujeron el olivo a los romanos. Plinio el Viejo escribió sobre 15 especies diferentes de olivo, que tenían muchos usos en el mundo antiguo. El árbol era apreciado por su madera fina que se usaba para hacer cuencos, utensilios de cocina, muebles y objetos decorativos, mientras que las aceitunas no solo se usaban para cocinar, sino para ofrendas de sacrificio, iluminación y para hacer jabón, ungüentos y perfume; por supuesto, también se comían simplemente como aceitunas de mesa. Las hojas de olivo se usaban por sus cualidades medicinales: incluso hoy en día, se dice que el extracto de hoja de olivo es antibacteriano, antifúngico y antiinflamatorio. Más que nada, por supuesto, la aceituna se usa para hacer aceite de oliva, uno de los ingredientes fundamentales de la dieta mediterránea hasta el día de hoy.

    Las aceitunas tienen una vida extremadamente larga. Se dice que algunos de los olivos en el jardín de Getsemaní al pie del Monte de los Olivos en Jerusalén tienen más de 2000 años. Las aceitunas pueden variar en color de verde amarillento a marrón claro, púrpura rosado y negro según su madurez. Como regla general, cuanto más oscuro es el color de la aceituna, más madura estaba cuando se recogió del árbol.

    Una vez recolectadas, las aceitunas deben curarse antes de comerse, para que sean apetecibles. Las aceitunas curadas pueden variar mucho en sabor, textura y tamaño. Las aceitunas verdes tienen una pulpa más firme con un sabor picante. Las aceitunas negras tienden a ser más blandas y blandas, pero mucho depende de la duración del proceso de curación.

    Hay varios métodos diferentes de curar aceitunas. Pueden curarse en seco con sal, en lejía y una fuerte solución alcalinizante de sosa cáustica o ceniza de madera, o en salmuera, que no sólo ayuda a la conservación de las aceitunas, sino que transforma su azúcar en ácido láctico, lo que mejora su sabor. También se pueden curar con agua: se sumergen en agua o en una salmuera muy débil que se cambia diariamente durante un máximo de dos semanas para eliminar el amargor. A veces, las aceitunas se parten con un martillo para acelerar el proceso. Una vez curados, se pueden conservar en salmuera o condimentar con ajo, perejil, apio en rodajas finas, zanahorias, vinagre, aceite de oliva y, a veces, chile. Las aceitunas se utilizan ampliamente en todo el Mediterráneo en mezze y ensaladas, y en numerosos platos y guisos de verduras. En Israel y el Medio Oriente, a menudo se sirven en el desayuno con labneh y un poco de pan crujiente como acompañamiento.

    La aceituna Kalamata del Peloponeso en Grecia es probablemente una de las más conocidas del mundo. Es de color púrpura con una textura carnosa y un sabor intenso, afrutado con un toque ahumado. Aparece en la conocida horiatiki salata (ensalada del aldeano griego) junto con tomates, cebolla roja, pimiento verde, pepino y queso feta. También son un complemento delicioso para la pasta, el arroz, las ensaladas y las verduras guisadas. Otra variedad de aceituna bien conocida es la aceituna Amfissa curada en salmuera de Delphi en el centro de Grecia, que puede variar en color de marrón oscuro a negro con pulpa suave y un sabor suave y ligeramente dulce. La aceituna Nicoise de Provenza es de color púrpura oscuro con un sabor herbal distintivo con matices de regaliz. Se utiliza para hacer ensalada Nicoise o tapenade, la conocida pasta para untar hecha con puré de aceitunas negras, alcaparras y anchoas, y como aceituna de mesa.

    La aceituna verde Castelvetrano del suroeste de Sicilia ha sido denominada la aceituna con mejor sabor del mundo. Es muy apreciado por su suave sabor a mantequilla y su textura crujiente y carnosa. Se utilizan principalmente como aceituna de mesa, pero también van bien en ensaladas, platos de pasta o con queso. Otra aceituna verde popular es la manzanilla española, que significa “pequeña manzana” en español, que tiene un sabor ligeramente ahumado, parecido a la almendra. A menudo se rellena con pimiento morrón y está disponible en la mayoría de los supermercados. La aceituna picholine, una pequeña aceituna verde con un sabor afrutado y ligeramente amargo, se cultivó originalmente en el sur de Francia, pero ahora se cultiva en todo el mundo. Es ampliamente conocido como el cóctel de aceitunas y, a menudo, aparece junto a una tabla de quesos con un poco de pan crujiente al lado.

    Y las aceitunas son más que deliciosas. También son buenas para usted: las aceitunas son ricas en grasas monosaturadas, especialmente en ácido linoleico, que se dice que reduce el riesgo de enfermedad coronaria. Las aceitunas también contienen fitonutrientes que se dice que previenen el cáncer y la pérdida de masa ósea. Las aceitunas verdes suelen contener más fitoquímicos con propiedades antioxidantes que las aceitunas negras. Pero ambas aceitunas también son ricas en vitamina E, cobre, hierro y calcio y pueden ayudar a proteger contra la osteoporosis y la diabetes tipo 2.

    Por Paola Gavin, publicado el 20 de octubre 2022 en The Tablet.

  • Académica católica aborda la “ideología de género” y los problemas transgénero con compasión y honestidad

    Introducción de La Botella al Mar: El pecado original y nuestra naturaleza caida nos hacen cargar con muchas fragilidades. La enfermedad física, el dolor y la muerte, el pecado y las malas inclinaciones, o enfermedades psicológicas y temperamentos desordenados. Todo esto es parte de la condición humana. Lo ha sido desde el comienzo de nuestra existencia en esta tierra, y lo será por todos los tiempos. En su misericordia, Dios no sólo ha muerto por cada uno de nosotros para redimirnos, pero nos ha dado una gran variedad de herramientas para superar nuestra naturaleza caida, con la ayuda de su gracia. Esta ayuda también existe hoy como existió siempre y existirá por todos los tiempos. Dios eligió crearnos con libertad, y, en última instancia, somos responsables de nuestros actos y seremos juzgados por las elecciones tomadas y los caminos elegidos.

    Esta libertad no implica que cualquier camino elegido es bueno. Aunque parezca una verdad de perogrullo en estos días relativistas, el Bien y el Mal existen. Y tanto el uno como el otro acarrean consecuencias, en esta on en la otra vida. Vivimos hoy en una sociedad, que forma parte de la cultura occidental, que en un proceso paulatino y secular viene alejándose de sus orígenes basados en la cultura greco-romana iluminada y mejorada por el cristianismo. Con el pasar de los años, y en la medida que este distanciamiento de nuestros orígenes se acelera, van surgiendo entre nosotros aberraciones varias, impensables poco tiempo atrás. La aceptación del aborto generalizado, un crímen a nivel individual que siempre existió pero que sólo recientemente se arropa del poder que le otorga la aceptabilidad que ha logrado entre los formadores de opinión, es sólo un ejemplo. Le siguen otras actitudes contrarias a la vida y dignidad humanas como la eutanasia, el consumo de drogas o la esterilización, para citar algunos ejemplos.

    Con cada década que pasa, en la medida que seguimos en este camino, nuevas aberraciones van apareciendo, ya que, liberada de restricciones individuales, legales o sociales, la propensidad del hombre para el mal no tiene límites. Así se fue gestando, y está alcanzando en nuestros días una preocupante intensidad, la campaña para difundir y convertir en “aceptable” la pretensión de que un individuo mentalmente sano puede elegir a que sexo pertenece. Surgen los “transexuales”. 

    No hay nada nuevo bajo el sol. Desde que el hombre existe, siempre hubo individuos que pretendieron deformar la naturaleza o engañarse a si mismos o a otros aparentando ser de un sexo que no es el que Dios les dió al nacer. A fines del siglo XIX, algunos psicólogos y psiquiatras alemanes empezaron a etiquetar esta aberración como un problema mental (sin connotaciones morales), y, eventualmente, en 1949 el norteamericano David Oliver Cauldwell acuña el término transexual cuando define: “Cuando un individuo que está desfavorablemente afectado psicológicamente determina vivir y presentarse como miembro del sexo al que no pertenece, este individuo se puede llamar psicópata transexual. Significa, simplemente, que no está sano mentalmente, y por esto la persona desea vivir en el sexo opuesto”. (1)

    Sólo un par de años más tarde, George W. Jorgensen viaja a Dinamarca, y después de tratamientos quirúrgicos vuelve a Estados Unidos como Christine Jorgensen (2), siendo la primera persona “transgender” ampliamente conocida, alcanzando la tapa de los diarios, la revista LIFE y otras publicaciones influyentes de la época.

    Con la explosión de “amor libre” y el “destape” generalizado de los años ‘60, el activismo transexual o travesti encontró su lugar, y fue ganando aceptación entre los medios y la cultura popular, extendiéndose de las casas de prostutución que fueron su primer hogar, a los estudios de televisión y pantallas de cine, revistas y shows the televisión.

    En los 50 años que han pasado desde entonces, y manifestando una vez más esa dinámica que acelera los tiempos y la dimensión del mal, el movimiento “trans”, y mas específicamente los tratamientos para atrasar la pubertad o cirugías para efectuar cambios de sexo, se han arropado con opiniones benévolas del American Medical Asociation y entidades afines. Para colmo de males, cada vez más son niños los que sufren la propaganda que presenta esta “transición” como una opción válida y no como (en el mejor de los casos) una condición mental a ser tratada que tiene nombre: disforia de género. Una de las “batallas culturales” siendo libradas en este momento en los Estados Unidos, es en torno a los derechos de los padres a ser informados y opinar sobre este tipo de adoctrinamiento que tiene lugar en muchas escuelas públicas.

    Es en este contexto que transcribimos extractos de una entrevista a Mary Hasson (3) sobre este tema, que sugerimos a nuestros lectores familiarizados con el idioma inglés, que lean en su totalidad acá. La traducción y selección de párrafos en nuestra.


    1. En general, nuestra fe nos llama a tratar a todos con respeto y bondad, reconociendo la dignidad de la persona que tenemos ante nosotros, una persona verdaderamente amada por Dios. Y debemos ser compasivos con los que sufren, literalmente, “sufrir con” y acompañar a la persona.
    1. Pero la pregunta más complicada es cómo se ve la compasión en una determinada circunstancia y la dirección en la que acompañamos a la persona. La auténtica compasión busca el bien del otro y lo acompaña en el camino hacia la curación y la felicidad, a la luz de del plan de Dios. No es compasivo validar las elecciones pecaminosas o dañinas de una persona o acompañar a la persona hacia un daño grave, moral o físico.
    1. Un número cada vez mayor de adolescentes se ha visto atrapado en la tendencia transgénero. Hace una década, menos de una fracción del uno por ciento se identificaba como transgénero. En 2017 y 2018, los estudios informaron que entre el 2 y el 3 por ciento de los adolescentes se identificaron como transgénero. Además, otros investigadores describen un efecto de contagio social, que hace que varios adolescentes dentro de un solo grupo de pares se identifiquen como transgénero o no binarios. El libro de Abigail Shrier, “Daño irreversible”, documenta esta tendencia con las adolescentes. A los jóvenes se les enseña, en las escuelas, en grupos de pares y los medios, que sus identidades están autodefinidas y que el cuerpo puede ser manipulado para que coincida con su autopercepción (identidad de género). Los jóvenes más vulnerables, aquellos que sufren problemas de salud mental, trauma, abuso, autismo u otros problemas, comienzan a creer las mentiras que se difunden en las redes sociales y entre sus compañeros que sus sentimientos de infelicidad o de no encajar prueban que realmente son transgénero.
    1. Lamentablemente, una industria de género en auge afirma las creencias de los adolescentes en una identidad transgénero y luego los acelera hacia intervenciones médicas que desfigurarán permanentemente sus cuerpos y destruirán las funciones corporales, incluida la fertilidad. El año pasado, países como Suecia, Finlandia y el Reino Unido han detenido las intervenciones médicas de afirmación de género para adolescentes, pero la industria de medicina de género de EE. UU. se niega a reconocer las crecientes preocupaciones médicas y continúa beneficiándose de estas prácticas destructivas y explotadoras.
    1. Los padres deben abordar la falacia de la ideología de género de una manera directa con sus hijos de secundaria y preparatoria. Refuerce la verdad: el sexo no puede cambiar. Y aunque los padres deben animar a sus hijos a tratar con amabilidad a aquellos que están experimentando problemas de salud mental o confusión de identidad, los padres también deben reforzar la verdad: las hormonas y la cirugía pueden alterar la apariencia del cuerpo pero no pueden cambiar el sexo de ni siquiera una célula. Manipular el cuerpo para destruir su función es autolesión, incluso cuando está sancionado por “documentos de género”. Simplemente no es posible ser otro que el hombre o la mujer que fuimos creados para ser, y la verdad del cuerpo nos muestra el camino a seguir. Nadie encuentra la felicidad librando una guerra médica sin fin en su propio cuerpo. La transición es una promesa seductora, pero vacía, de que los dolores y problemas normales de los adolescentes desaparecerán mágicamente cuando el niño se reinventa a sí mismo como transgénero. Simplemente no es cierto.
    1. Algunas personas influyentes están impulsadas por la ideología (los académicos, los activistas y algunos filántropos), mientras que las corporaciones primero fueron intimidadas para que apoyaran la agenda (por temor a ser etiquetadas como intolerantes) y ahora se han “despertado”. También hay un gran contingente de poderosos en las Naciones Unidas y en otros organismos regionales o internacionales y entre las organizaciones no gubernamentales. Los gobiernos (y las asociaciones profesionales de derecho, medicina, psicología, etc.) están “cautivos” de los grupos de interés ideológicos.
    1. ¿Quién hubiera pensado que los activistas LGBTQ, un grupo que hasta hace poco representaba un pequeño porcentaje de la población, tendrían la influencia para remodelar radicalmente nuestras leyes, cultura, lenguaje y políticas, en menos de dos décadas? Las señales estaban allí, pero creo que la mayoría de la gente esperaba que después de Obergefell (la decisión de la Corte Suprema que establece la legalidad de las uniones del mismo sexo) las cosas volverían a la normalidad; después de todo, ¿no era esa la promesa?: Su “matrimonio igualitario” no afectaría a nadie más. Pero la verdad es que la normalización de una nueva visión del “matrimonio”, basada en la mucho más antigua separación del sexo y la reproducción (provocada por la píldora anticonceptiva), lo ha cambiado todo. El sexo está desconectado de la reproducción, la reproducción está desconectada del sexo, la identidad sexual está desconectada del cuerpo y el cuerpo está desconectado de la identidad y la reproducción. Estos cambios están sacudiento los cimientos mismos de nuestras familias y nuestra cultura; golpean el corazón de lo que significa ser una persona humana, en relación con Dios y con los demás.
    1. Los católicos necesitan respaldar la visión de la educación católica. Nunca es más urgente que hoy. Las escuelas públicas (y muchas escuelas privadas que ya no son fieles a la verdad) están inundadas de ideología de género. Están enseñando una visión de la persona humana totalmente incompatible con la ntropología cristiana: la verdad de la persona revelada en Jesucristo y proclamada por su Iglesia. Los padres no pueden criar niños solos en medio de esta cultura. La iglesia necesita ser socia en la educación de los niños. La iglesia necesita levantar una nueva generación de creyentes fieles para esparcir las buenas noticias.

    (1) “Repensando los orígenes de la disforia de género”, por Marina de la Hermosa Lorenci. Psiquiatra. http://www.injuve.es/sites/default/files/3%20Repensando%20los%20or%C3%ADgenes%20de%20la%20disforia%20de%20género.pdf

    (2) https://en.wikipedia.org/wiki/Christine_Jorgensen

    (3) Mary Rice Hasson, J.D., es miembro Senior de Kate O’Beirne en el Centro de Políticas Públicas y Ética en Washington, D.C. Dirige el Foro de Mujeres Católicas, una red de académicas y mujeres profesionales católicas, y es cofundadora del Proyecto Persona e Identidad, una nueva iniciativa que equipa a padres e instituciones basadas en la fe para contrarrestar la ideología de género y promover la verdad de la persona humana. Abogada y experta en políticas, Mary se desempeñó como oradora principal de la Santa Sede durante la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, que abordó la educación (2018), la Mujer y el Trabajo (2017), el Cuidado (2019) y la Ideología de Género (2019) . Actualmente se desempeña como consultora del Comité de Laicos, Matrimonio, Familia, Vida y Juventud de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos.

  • El mito del precio justo

    Introducción de La Botella al Mar: Entre el arsenal de herramientas ineficaces que los gobiernos de índole socialista usan para tratar de tapar la realidad de sus políticas fracasadas, se encuentra la de controlar los precios, para engañar a los ciudadanos sobre el costo real de lo que necesitan, y encubrir de alguna manera las falencias tanto en el área de producción como en el mercado laboral. 

    El control de precios se hace de varias maneras, algunas más dañinas que otras. La preferida de estos gobiernos de índole socialistoide (entre los que se encuentra ciertamente el que actualmente preside pero no dirige Alberto Fernández) es imponer a las empresas un precio máximo que pueden ofrecer a la hora de comercializar sus productos, con la expectativa que sean estas las que sacrifiquen ganancias para subsidiar de esa manera la vida de los consumidores. Es de notar que este es el mecanismo preferido, porque se encuadra con la narrativa de que el Estado viene a rescatar al pueblo de los abusos del capitalismo que no se detiene ni ante al hambre con tal de llenar sus bolsillos. 

    Eufemismos como “precios cuidados” se usan para encubrir lo que es, efectivamente, una política confiscatoria, que abusa del poder del Estado para obligar al proveedor de un bien o al prestador de un servicio, a entregar algo por lo que no está dispuesto a hacerlo. Como no podía ser de otra forma, en su afán de revestir sus actos injustos en la bandera de la “justicia social” o los “derechos de los más necesitados”, usan también las palabras “precios justos” para describir estos controles que son claramente injustos. Como ejemplo reciente, el senador bonaerense Francisco Durañona, del Frente de Todos, tituló el projecto de ley para el control de precios en la provincia de Buenos Aires como “Ley de Precios Justos”.

    Lamentablemente, en una Argentina en la que no solo las ideas, pero más grave aún, la cultura del peronismo han hecho metástasis y afecta la forma de pensar de nuestros ciudadanos, no son pocos los que al oir lo que no es sino un slogan, “Precios Justos”, instintivamente asienten con la cabeza y consideran que nada más lógico que el Estado haga lo que tenga que hacer para evitar injusticias y proteger a todos de los efectos de estas.

    Esta aceptación es muchas veces subconciente, y encuentra eco no solo en las malas ideas que durante casi 100 años la cultura peronista ha difundido entre nuestra gente, sino que también pareciera basarse en una visión mal entendida y, literalmente “mal educada” de lo que enseñan la Iglesia o el cristianismo sobre la justicia, la caridad y los deberes y derechos del hombre que vive en sociedad.

    Muy hábilmente (y este es un fenómeno que excede las fronteras de nuestro país), los críticos de la economía de libre mercado, adaptan su discurso a su audiencia y, en países donde el cristianismo ha dejado huella, revisten su mensaje con elementos parciales del andamiaje de enseñanzas y principios que el cristianismo y la Iglesia han desarrollado durante siglos en occidente. Cuentan para el éxito de esta estratagema dialéctica, con la falta de formación o educación en estos temas del promedio de la sociedad, más acostumbrada tal vez (y sobre todo en este siglo XXI) a los breves flashes de un meme o el límite de 144 letras de un Tweet.

    En un esfuerzo para educar al público sobre este concepto, transcribimos abajo extractos de una conferencia de Lawrence M. Vance, académico asociado del Instituto Mises, columnista y asesor de políticas de la Fundación Future of Freedom, y columnista, bloguero y crítico de libros. Su conferencia completa, titulada “El mito del Precio Justo” puede leerse acá en su inglés original, y es extensa y altamente recomendable. La traducción es nuestra, y hemos omitido las muchas notas documentales, que, una vez más, puede el interesado ubicar en el original citado.


    1. El concepto de justicia es bíblico: Dios hace llover “sobre justos e injustos”; Cristo murió por nuestros pecados, “el justo por los injustos”; habrá “una resurrección de los muertos, así de justos como de injustos”. Ahora bien, la expresión precio justo no se encuentra en ninguna parte de las Escrituras. Esto ipso facto no significa, por supuesto, que el concepto deba descartarse de plano. Después de todo, la palabra trinidad tampoco está en la Biblia. La Escritura tiene algunos principios generales sobre cuándo algo es justo y qué debe hacerse con justicia. Por ejemplo: Un hombre justo hace lo que es “lícito y recto”, el juicio y la regla deben hacerse con justicia, los siervos tienen derecho a lo que es “justo e igual”, y debemos seguir que que es “totalmente justo”.

    2. Aunque la Escritura no habla de un “precio justo”, sí leemos de un “peso justo” cuatro veces, de una “medida justa” cinco veces, y de una “balanza justa” dos veces. De hecho, incluso dice en el Libro de los Proverbios que “la balanza falsa es abominación a Jehová, pero la pesa justa le agrada”. Dado que seguir lo que es “totalmente justo” se aplicaría a nuestras transacciones comerciales, la ausencia de fraude sería esencial para que el precio de cualquier mercancía sea justo. Pero uno buscará en vano en las Escrituras cualquier otro concepto de lo que constituye un precio justo.

    3. Bien o mal, el concepto del precio justo siempre estará asociado con el filósofo y teólogo católico medieval Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, nacido alrededor de 1225, es universalmente reconocido como el mayor teólogo de la Iglesia Católica. En su gran resumen de teología, la Summa Theologica, Tomás de Aquino analiza el concepto del precio justo en la sección de su “Tratado sobre la prudencia y la justicia” llamada “De las estafas que se cometen al comprar y vender”.

    4. La idea de que hay un precio justo en un intercambio económico monetario no es solo un fenómeno medieval. Es quizás casi tan antiguo como la propia actividad comercial. El concepto se ha encontrado registrado en antiguas inscripciones babilónicas. Esto no debería sorprendernos, ya que desde el principio de los tiempos no ha habido escasez de personas que pensaron que era asunto suyo ocuparse de los asuntos de los demás. Esto es especialmente cierto en el caso de los burócratas gubernamentales que, en nombre de servir al interés público y proteger a los económicamente desfavorecidos, intervienen violentamente en el libre mercado. El concepto erróneo de Aristóteles de igual valor en un intercambio comercial no solo contribuyó a siglos de pensamiento económico confuso; fue revivido y empleado “como justificación filosófica de la doctrina medieval del precio justo”.

    5. Al igual que sus predecesores, Tomás de Aquino mantuvo la necesidad de un precio justo en cada transacción. Al examinar su enseñanza como un todo, vemos una serie de principios:

    • El comerciante realiza un servicio valioso.
    • El comerciante puede hacer negocios sin pecar
    • Comprar y vender son ventajosos para ambas partes.
    • Falsificar la condición de los bienes en una venta es fraude
    • El precio está influenciado por los cambios en la oferta y la demanda.
    • El precio puede variar según la ubicación.
    • El precio puede variar según el tiempo.
    • El precio es una función de la utilidad.
    • El precio justo es una estimación y no se puede fijar con precisión matemática.
    • El precio justo es el precio de mercado actual
    • El precio debe representar el verdadero valor de los bienes.

    6. Es este último concepto el que desvía a Tomás de Aquino. En lugar de considerar el valor como puramente subjetivo, sostenía que “si el precio excede la cantidad del valor de la cosa, o, por el contrario, la cosa excede el precio, ya no hay igualdad de justicia: y, en consecuencia, vender una cosa por más de su valor, o comprarlo por menos de su valor, es en sí mismo injusto e ilegal”. ser considerable”.  Así como “ningún hombre desea comprar una cosa por más de su valor”, así “ningún hombre debe vender una cosa a otro hombre por más de su valor”. 

    7. A su favor, Santo Tomás de Aquino no prescribió ni las autoridades por las cuales ni los medios por los cuales se haría cumplir cualquier desviación del precio justo. Nunca llamó explícitamente a ninguna acción estatal que no sea el establecimiento de pesos y medidas.

    8. Se dejaría a los escolásticos tomistas españoles del siglo XVI enfatizar que no había una forma objetiva de determinar el precio. El jurista Francisco de Vitoria y sus discípulos de la Escuela de Salamanca sostenían que el precio se basaba simplemente en la oferta y la demanda, sin tener en cuenta los costes ni los gastos laborales. La ineficiencia de los productores, la desgracia de los especuladores y cualquier otra consecuencia negativa de la incompetencia o la mala suerte debían ser soportadas por igual por vendedores y compradores. Incluso el vendedor de lujos, superfluidades y frivolidades podía, en ausencia de “fraude, engaño o coerción”, aceptar cualquier precio que un comprador estuviera dispuesto a pagar. Contrariamente a Jean Gerson, canciller de la Universidad de París, quien antes había “sugerido que la fijación de precios se extendiera a todas las mercancías, sobre la base de que nadie debería presumir de ser más sabio que el legislador”, los seguidores de la Escuela de Salamanca como Martín Azpilcueta y Luis de Molina “se opusieron a toda regulación de precios porque era innecesaria en tiempos de abundancia e ineficaz o dañina en tiempos de escasez”.

    9. Decir que estas ideas fueron descuidadas es una subestimación colosal. La historia del pensamiento económico es la historia del intento de grupos de interés especial y niñeras del gobierno para fijar o regular los precios de los bienes y servicios. Aquí estamos cuatrocientos años después en los Estados Unidos de América, ese gran bastión del capitalismo y los mercados libres, ¿y qué vemos? No vemos nada más que intervencionismo, que, como nos recuerda Mises, “es un método para la transformación del capitalismo en socialismo mediante una serie de pasos sucesivos”.

    10. He sostenido que, en ausencia de fraude —no en ausencia de ignorancia, pereza, codicia o estupidez— cualquier precio acordado entre un comprador voluntario y un vendedor voluntario no solo es el precio justo, sino que solo eso es lo que lo hace el precio justo. Un precio justo por un artículo no existe independientemente de una transacción entre el comprador y el vendedor. Es imposible e inmoral que cualquier organismo gubernamental instituya, regule, controle o recomiende lo que es un precio justo. Es imposible porque el estado no es omnisciente; es inmoral porque el estado no tiene autoridad para intervenir en el mercado.

    11. Esto plantea la cuestión del papel del Estado. He sostenido que sería inmoral que el Estado interviniera en el mercado. En el orden natural de las cosas, es normal comerciar con quien y sobre lo que se desee. ¿Por qué debería considerarse criminal si su vecino interfiere por la fuerza con su compra, venta, alquiler, arrendamiento, o préstamo, pero benevolente si el gobierno lo hace? Se supone que el propósito del gobierno es proteger la vida, la libertad y la propiedad. Y como dijo uno de los antifederalistas: “Para cualquier gobierno hacer más que esto es imposible, y todo el que se queda corto es defectuoso”.

    12. Si existe un precio justo, entonces la medida en que influye en las decisiones de fijación de precios de uno debe ser una función de la religión, la ética y la moralidad, no una función de la ley. Incluso admitiré que, bajo ciertas circunstancias, podría ser inmoral cobrar un precio determinado. Pero eso no significa que deba ser ilegal. Los vicios no son delitos. Decir que el precio justo es un imperativo moral es una cosa, pero convertirlo en un dispositivo legal es otra cosa que abre la lata mortal de gusanos de la intervención del gobierno que nunca se puede cerrar. La separación de mercado y estado es tan importante como la separación de iglesia y estado.

    13, Conclusion. Nuestro llamado no es a la codicia, el lucro o el materialismo, es simplemente laissez-faire. Todo lo que queremos es que el gobierno se mantenga fuera del mercado. No necesitamos un estado niñera más de lo que necesitamos un estado omnipotente. No necesitamos sus leyes de usura. No necesitamos sus leyes comerciales. No necesitamos sus leyes laborales. No necesitamos sus leyes antimonopolio. No necesitamos sus controles de precios. No necesitamos sus regulaciones. No necesitamos sus esquemas de redistribución de la riqueza. Y ciertamente no necesitamos a ningún economista cristiano que defienda cualquiera de estas cosas como si tuvieran una base bíblica. Los mitos económicos son difíciles de morir, y en especial el mito del precio justo. La ignorancia económica es grande y se extiende a los niveles más altos de la sociedad.

    por Lawrence M. Vance